Los abogados de la Contraloría General de la República (CGR) no advirtieron los impedimentos que podría tener la compra por parte del Estado de la casa del expresidente Salvador Allende.
Así se desprende de sus declaraciones ante la Fiscalía durante la investigación del caso que redundó en la salida de su cargo de la entonces ministra de Defensa, Maya Fernández, y de la senadora Isabel Allende, que fue destituida por el Tribunal Constitucional.
Ambas eran dueñas de parte del inmueble y, también, ambas eran funcionarias públicas impedidas por la Constitución de realizar negocios con el fisco.
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El fiscal Patricio Cooper, que investiga presuntos delitos de tráfico de influencias en este caso, tomó declaración a los funcionarios -todos abogados- de la Contraloría sobre cómo se produjo la toma de razón del documento que autorizó la compra de la casa de Salvador Allende.
Todos ellos remarcaron que revisaron el decreto que autorizaba la adquisición, no en el que se compraba. Por ende no advirtieron la inconstitucionalidad, publicó La Tercera.
El en ese momento jefe subrogante de la División Jurídica, Cristián Oliver, fue el encargado de despachar el análisis de la documentación al contralor (s), Víctor Merino.
Declaró ante la Fiscalía que «el estudio de la inhabilidad constitucional que pesaba sobre esta autorización de compra no se hizo porque simplemente no correspondía hacerlo, no era la oportunidad, solo era un acto previo de autorización como ya lo mencioné, porque esas autoridades podían, por ejemplo, ceder sus derechos a futuro”.
Añadió que “en este caso en concreto como equipo conversamos por qué el Estado estaba interesado en adquirir estas casas presidenciales, por cuanto podría traer ruido político, pero no por la naturaleza de los decretos en sí”.
NADA CONTROVERTIDO, NADA RIESGOSO
El abogado reiteró que no observó algún aspecto “controvertido o riesgoso”, sino “solo el ruido político que podría llegar en un futuro, pero no porque figuraban las autoridades y existiese incompatibilidades constitucionales, sino que el Estado mismo comprase estas casas presidenciales. Todo esto quedó en una conversación de pasillo y de equipo, mas no lo representé a ninguna jefatura o instancia posterior”.
Por su parte, Merino dijo que “mi análisis jurídico concluyó que no era el momento jurídico de referirse a tal aspecto, por cuanto, como se indicara, la finalidad de este acto solo es autorizar la compra y, como hay 2 actos administrativos que deben sucederse en el tiempo, considero que el acto administrativo donde se deben analizar las eventuales inhabilidades o prohibiciones es aquel en que se aprueba la escritura de compraventa”.
Confirmó que “de los abogados que intervinieron en el proceso de revisión ninguno me representó algún tipo de inconveniente respecto del tema de eventual inconstitucionalidad”.
La abogada Valeria Hoffmann, del Comité de Bienes Públicos de la Contraloría, reafirmó que “en caso de que se hubiese llegado al segundo decreto, en esa oportunidad, tendríamos que haber revisado si se infringía la normativa aplicable al caso”.
Posición que fue respaldada por Merino, para quien la contralora Dorothy Pérez “también estaba de acuerdo con esta misma posición, respecto de que este reproche solo se debe hacer en la segunda etapa”.
