Los arrolladores 106 votos en contra, ocho a favor y siete abstenciones en la Cámara de Diputados significaron el rechazo de la cuestión previa y que la acusación constitucional oficialista (AC) en contra de Ángela Vivanco avance a su debate sobre el fondo del libelo. Es decir, el contenido.
Juan Carlos Manríquez, defensor de la suspendida jueza argumentó que resulta “inútil” e “innecesario” realizar dos procesos sancionatorios, puesto que Vivanco enfrenta otra AC que ya pasó al Senado.
«Se ha definido como una garantía del ciudadano, la prohibición de perseguirlo o de sancionarlo dos veces por el mismo ilícito”, dijo el jurista.
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“Una doble persecución sucesiva o paralela sobre el mismo hecho, respecto de la misma persona acusada, con el mismo objeto, vulnera las reglas del debido proceso”, recalcó.
ERROR CAUSAL
El otro argumento de la defensa en la acusación contra Vivanco fue un error de causal cometido por la bancada oficialista, que acusaron “haber infringido la Constitución o las leyes o haber dejado éstas sin ejecución” en vez de un “notable abandono de deberes”.
“La causal que se esgrimió en el escrito –que luego se intentó corregir y resultó ser improcedente– era otra. Se dijo haber infringido la Constitución o las leyes o haber dejado esta sin ejecución, causal que solo corresponde para la justicia para remoción de los ministros o ministras de Estado”, explicó Manríquez.
Y agregó: “Como sus señorías bien saben, en derecho público, cuando el legislador, en este caso y en otras el constituyente, no ha generado competencias, el intérprete no puede crearlas por analogía, ni tampoco puede crearlas donde expresamente el legislador no lo ha dicho. Es una acusación inane”.
Sin embargo, ninguno de los dos argumentos convencieron a los diputados.
MÉRITO SUFICIENTE
Para la presidenta de la comisión revisora de la acusación, Marlene Pérez (Ind.-UDI), había «mérito suficiente para acusar constitucionalmente a la ministra Vivanco, atendiendo gravemente de los hechos que la involucran en irregularidades”.
Pese a esta postura, de todas formas criticó el error de causal en el libelo y apuntó a que “cuando un número de parlamentarios decide ejercer la mayor acción fiscalizadora y de responsabilidad política que el ordenamiento jurídico contempla dentro de nuestras atribuciones, lo mínimo que se les puede exigir es prolijidad, rigurosidad y exactitud en el contenido”.
