Tras varios días de incertidumbre, finalmente el Gobierno de Gabriel Boric presentó las indicaciones para la reforma de pensiones.
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Tras una negociación con la oposición, ahora el enfoque está en la próxima votación a realizarse, esto para que el proyecto salga antes del receso legislativo y no quede para marzo.
Uno de los cambios más visibles es el de la cotización adicional. En esta, se destinará un 4,5% directo a las cuentas individuales; un 1,5% como préstamo al Estado para mejorar las pensiones actuales; y un 2,5% para dos mecanismos: el bono tabla, que compensará las pensiones de las mujeres por su mayor expectativa de vida, y el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS).
Otras modificaciones notorias son las que se proponen para la industria: la licitación periódica del stock de afiliados, el sistema de premios y castigos para incentivar mejores rentabilidades y la introducción de más competencia, son algunos de ellas.
LOS CAMBIOS
Uno de los cambios más inmediatos será el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250 mil mensuales, que comenzará a implementarse seis meses después de que la ley entre en vigencia, esto, en caso de que se apruebe el proyecto en los pasos que faltan en el Congreso. Este proceso será gradual, partiendo con los mayores de 82 años y extendiéndose a los mayores de 65 en un plazo de 24 meses.
Los efectos del nuevo Seguro Social, que busca compensar las diferencias entre hombres y mujeres por expectativa de vida y mejorar las pensiones mediante un bono por año cotizado. Este beneficio comenzará a aplicarse nueve meses después de promulgada la ley.
FINANCIAMIENTO DE LA REFORMA SERÁ MIXTO
El financiamiento de la reforma será mixto, con aportes de trabajadores, empleadores y el Estado. La cotización adicional del 7%, asumida por los empleadores que llegara a un total de 8,5% (sumado al 1,5 ya existente) se implementará gradualmente en nueve años. Este porcentaje se dividirá entre cuentas individuales y el Seguro Social, garantizando estabilidad al sistema.
EL PRÉSTAMO
El préstamo de los afiliados al Estado -o aporte diferido con rentabilidad protegida, como se llama oficialmente- será del 1,5% del total del aporte del empleador.
El aporte -dice lo presentado por el Gobierno- dará origen a un «bono de seguridad previsional». Este corresponde a un título que tendrá mérito ejecutivo, emitido en favor del afiliado, en reconocimiento de las cotizaciones enteradas por el empleador.
El bono será intransferible e inembargable. Y podrá emitirse en forma material, mediante un documento que cuente con las características necesarias para impedir su falsificación.
Una vez jubilados, el aporte será integrado a la pensión del trabajador (se pagará en 240 cuotas), incrementado con correspondientes intereses y reajustes, que serán calculados por la Superintendencia de Pensiones.
El interés corresponderá a la tasa de mercado vigente para los bonos de Tesorería General de la República (TGR).
LAS AFP NO SE TERMINAN
Si bien las AFP no se terminan, como aspiraba el Gobierno en un principio, los cambios en la industria son varios. Una de las direcciones en la que la Comisión había acordado avanzar era la de introducir mayor competencia entre las AFP, con el objetivo de bajar las comisiones a los afiliados.
En aras de ello, el Ejecutivo propuso la posibilidad de que ingresen nuevos actores privados a la gestión de inversiones. Esto, pese a que las AFP mantendrán esa función y la de la administración de las cuentas.
Las entidades que ingresen podrán subcontratar las funciones de «soporte» y para esa labor pueden acudir al Instituto de Previsión Social (IPS), que contará con esta nueva función.
LICITACIÓN DE STOCK
Licitación de stock Las indicaciones establecen que, cada dos años, se licitará el 10% de la cartera de afiliados, que será seleccionada aleatoriamente.
La licitación se la adjudica la entidad que ofrezca el menor porcentaje de comisión, que deberá ser mantenido por un plazo de cinco años. Asimismo, quienes inicien labores posterior a la subasta ingresarán de manera automática a la administradora que haya vencido en ese proceso o la que tenga una comisión más baja.
Los afiliados, en todo caso, no podrán estar siendo licitados siempre. Es que las indicaciones proponen que quienes hayan sido considerados en un grupo a licitar no podrán ser considerados en ninguno de los siguientes nueve procesos de licitación.
PARTICIPACIÓN DE MERCADO
Hay otro requisito, en las indicaciones, para que las AFP puedan participar del proceso de licitación. Es que deben tener un límite máximo de participación de mercado de 25% en cuanto a los afiliados. Medido, esto, como porcentaje del total de los afiliados que no están pensionados.
NO PERTENECER AL MISMO GRUPO
También con el objetivo de profundizar la competencia, se establece un sistema de premios y castigos para incentivar el desempeño de los inversores. Parte de eso ya se encontraba en el proyecto que se discutió durante el año pasado.
Asimismo, se establece que las administradoras no podrán pertenecer al mismo grupo empresarial que otra. Y que tampoco podrán invertir en activos emitidos o intermediados por las entidades que forman parte de su grupo empresarial.
