La acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau llega al Senado en un escenario más complejo de lo previsto para sus impulsores. A pocos días de la votación, el libelo enfrenta una combinación de inhabilitaciones, ausencias y dudas internas que podrían impedir que alcance los 26 votos necesarios para ser aprobado.
El caso, sin embargo, comienza a instalar una discusión más amplia en el Congreso: el creciente uso de las acusaciones constitucionales como herramienta de disputa política. Esa preocupación ya cruza a parlamentarios de distintos sectores y debilita el respaldo al libelo contra Grau, especialmente entre quienes cuestionan que este mecanismo se utilice para resolver diferencias de gestión o responsabilidades políticas.
Según informó Cooperativa, uno de los golpes más relevantes para la acusación fue la decisión del senador Luciano Cruz-Coke, de Evópoli, de inhabilitarse de la votación. El parlamentario argumentó que las acusaciones constitucionales no deben transformarse en un instrumento de contingencia y sostuvo que la ineptitud política no constituye, por sí sola, una infracción constitucional.
VOTOS EN DUDA Y UNA AUSENCIA CLAVE
A la inhabilitación de Cruz-Coke se suma la ausencia del senador RN Manuel José Ossandón, quien acompañará al Presidente José Antonio Kast en su viaje a Paraguay. Su salida temporal del debate reduce aún más el margen de quienes buscan aprobar el libelo en la Cámara Alta.
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El escenario también se complica por la incertidumbre en torno a los votos de los senadores de Demócratas Matías Walker y Miguel Ángel Calisto. En una votación estrecha, cualquier abstención, ausencia o rechazo puede resultar decisivo.
La acusación ya había avanzado desde la Cámara de Diputados, pero su paso por el Senado aparece menos despejado. En esta etapa, los senadores actúan como jurado y deben analizar si los hechos imputados al exministro configuran efectivamente una infracción constitucional.
DEBATE TRANSVERSAL POR ELEVAR REQUISITOS
El debilitamiento de la acusación contra Grau coincide con el avance de una iniciativa parlamentaria que busca elevar los requisitos para presentar y tramitar acusaciones constitucionales. La propuesta fue ingresada por diputados de distintos sectores y refleja una preocupación compartida: evitar que el Congreso quede atrapado en una dinámica permanente de libelos.
El diputado RN Diego Schalper, quien votó en contra de la acusación en la Cámara, sostuvo que mantener una guerra política constante termina perjudicando al país. A su juicio, existe una toma de conciencia sobre la necesidad de ordenar el uso de esta herramienta.
Desde la oposición, la diputada frenteamplista Gael Yeomans valoró que parlamentarios de Chile Vamos abrieran el debate y coincidió en que las facultades fiscalizadoras deben modernizarse y utilizarse de manera responsable. En la misma línea, el diputado PS Raúl Leiva planteó que el país arrastra desde hace varios gobiernos un ciclo de acusaciones que distrae la labor legislativa y profundiza la polarización.
UNA HERRAMIENTA DE ÚLTIMA RATIO
La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, también defendió la necesidad de revisar el diseño actual. A su juicio, una acusación constitucional debe tener fundamentos claros, graves y plausibles, por lo que el umbral de firmas requerido en la Cámara resulta bajo considerando las consecuencias que puede tener para una autoridad acusada.
Desde la UDI, el senador Javier Macaya marcó un matiz. Si bien reiteró sus críticas al manejo fiscal del gobierno anterior, señaló que el Senado debe revisar el mérito constitucional de la acusación y no limitarse a una evaluación política de la gestión.
Con ese telón de fondo, la votación contra Grau se transformó en algo más que un juicio político a un exministro. El debate ahora también mide la disposición del Congreso a contener el uso recurrente de acusaciones constitucionales y a redefinir los límites de una herramienta concebida como excepcional.
