Política

Alcalde de Coronel será formalizado por soborno

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Alcalde de Coronel será formalizado por soborno y cohecho
La medida incluye también a otros seis involucrados en supuestos pagos fraudulentos recibidos de la empresa Puerto Coronel.

El próximo 7 de octubre, en el Juzgado de Garantía de Coronel, se realizará la formalización del alcalde de Coronel, Boris Chamorro (PS), en el marco de una investigación por supuestos pagos que habría recibido por parte de la empresa Puerto Coronel durante los años 2022 y 2023.

Según la Fiscalía, Eduardo Hartwig, en ese entonces presidente de la compañía portuaria, creó un complejo esquema a través del cual se habrían emitido facturas fraudulentas por servicios no prestados. La finalidad: generar fondos destinados al pago de sobornos de trabajadores del puerto y de autoridades comunales.

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En esta arista la persecutora Glenda Lagos solicitó la formalización del alcalde Chamorro y el concejal PS Eduardo Araya por delitos de cohecho.

Por su parte, Hartwig y otros cuatro empresarios será formalizado por el delito de soborno y administración desleal.

En este contexto, el 10 de enero pasado la Fiscalía y la PDI allanaron la oficina y el domicilio del alcalde, al igual que los de otros diez involucrados en el caso.

Compleja situación para el edil, que postula a su segunda reelección como jefe comunal.

TODO PARTE EN LA AUTODENUNCIA

Hace casi un año, en noviembre de 2023, Puerto Coronel presentó una autodenuncia a través del actual gerente de la compañía, Patricio Román.

La nueva gerencia general de la empresa portuaria dio a conocer una serie de irregularidades que se habrían cometido durante años en la compañía, y que tenían como uno de sus protagonistas al fundador y presidente de la compañía, Eduardo Hartwig.

A través de una querella detallaron que este, junto con el ex gerente general Javier Anwandter, habían creado un sistema que buscaba extraer liquidez de Puerto Coronel de manera indebida, reveló Mega.

Ambos «organizaban, coordinaban e instruían» la emisión y el pago de facturas por servicios no prestados, que eran generadas por sociedades relacionadas a los imputados Víctor Olivares y Hernán Romero, hermano del diputado Leonidas Romero.

Los recursos generados de manera fraudulenta, habrían sido destinados, entre otras cosas, al pago de dirigentes sindicales del puerto, autoridades de la zona y al propio enriquecimiento de Hartwig.

 

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