La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, advirtió que “podrían existir situaciones que podrían ser constitutivas de delitos” en las irregularidades detectadas por Contraloría en la denominada Asociación de Municipalidades del Sector Oriente (AMZO), particularmente en la gestión de Joaquín Lavín (UDI).
En diálogo con Radio Infinita, la jefa comunal aseguró que «estamos recabando los antecedentes que tenemos y vamos a poner a disposición de la Fiscalía y del Consejo de Defensa del Estado».
«No puedo decir que vamos a hacer A o B. En el mérito de los antecedentes uno puede ir viendo qué vamos a hacer», agregó.
San Martín fue consultada por la gestión de AMZO, que agrupa a las comunas de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea,
Lea también: Contraloría investiga periodo de Lavín como alcalde de Las Condes
A ese respecto la timonel del municipio aseveró que “este tipo de asociaciones se utilizaron para fines que no corresponden y mataron la gallina de los huevos de oro, porque permitían generar alianzas para responder rápido a las necesidades. Pero cuando ocurren estas cosas se vulneran los principios de probidad”.
En relación con el rol que habría tenido el exalcalde Joaquín Lavín, la actual edil de Las Condes enfatizó que «existe un Estado de Derecho y nadie está por sobre la ley».
«No puede venir un exalcalde en un diario a tratar de instalar que el problema es que no hay voluntad para desarrollar un proyecto cuando la Contraloría observa que de manera totalmente irregular se ampliaron los plazos a una empresa que se le asigna dedo dos proyectos que deberían haber sido licitados”, enfatizó.
CONTENIDOS PERSONALIZADOS
Recordemos que el informe de la Contraloría General de la República (CGR) reveló que la empresa Ideograma SpA, vinculada al consultor político catalán Antoni Gutiérrez-Rubí, recibió pagos por más de $69 millones por servicios de asesoría contratados por AMZO.
De acuerdo al documento, los servicios prestados fueron catalogados como asesoría en “comunicación estratégica y tendencias urbanas”.
Sin embargo, la CGR advirtió que parte de estos informes y capacitaciones habrían sido destinadas directamente al equipo del entonces alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín Infante, incluyendo contenidos personalizados para su uso político y comunicacional.
