Los diputados del Partido de la Gente (PDG) Fabián Ossandón, Flor Contreras, Tamara Ramírez y Lilian Betancurt emplazaron al Ejecutivo a revisar las capacidades del Estado para anticipar emergencias como el aluvión que afectó a Las Condes, en la región Metropolitana, y cuestionaron su falta de acción preventiva.
Recordemos que según Senapred no se envió una alerta SAE porque se trató de un evento súbito. Adejueron también que el país no dispone de monitoreo instrumental de remociones en masa que permita anticipar fenómenos de este tipo.
Horas después, vino la declaración de zona de catástrofe por parte del Gobierno.
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“Reaccionar tarde con las alertas SAE en Las Condes pese a la Alerta Amarilla demuestra que el Gobierno improvisa ante el cambio climático, mientras recorta a cero los fondos de Escazú en el presupuesto”, criticó el diputado Ossandón, representante del Distrito 3 de Antofagasta.
Además, a su juicio, existen claras diferencias territoriales en la respuesta estatal y “como regionalista, no puedo ocultar mi profunda decepción. En agosto, nuestra región de Antofagasta sufrió graves aluviones y la declaración de zona afectada por catástrofe tardó días, pero en Las Condes bastaron solo horas”.
«DOBLE ESTÁNDAR»
Por su parte, Flor Contreras, integrante de la Comisión de Emergencia, Desastres y Bomberos de la Cámara, sostuvo que “es evidente que el Gobierno reaccionó tarde en Las Condes. Justificar la no activación de las alarmas SAE diciendo que fue un evento súbito demuestra una falta de previsión inaceptable en un país de permanentes catástrofes y emergencias naturales”.
Tamara Ramírez, integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sostuvo que “mntenernos bajo Alerta Amarilla y no activar las alarmas SAE en Las Condes evidencia una falta de prevención inaceptable en un país de catástrofes permanentes. Veo un doble estándar indignante, ya que en el sector oriente decretaron Zona de Catástrofe el mismo día, pero en el norte lo hicieron esperar cuatro días en el total abandono».
Recalcó que «esta indolencia se corona con un Presupuesto 2027 que elimina los fondos del Tratado de Escazú contra el cambio climático. Como diputada de la región Metropolitana, no aceptaré esta discriminación territorial y exigiré una fiscalización inmediata en el Congreso”.
CINCO OFICIOS
La diputada Betancurt expuso que “lo ocurrido en Las Condes demuestra que no podemos esperar a que una emergencia golpee para recién preguntarnos si estábamos preparados».
«En el Distrito 21 tenemos sectores afectados por incendios, quebradas y laderas que pueden quedar expuestas ante lluvias intensas», describió.
Por eso presentó cinco oficios dirigidos a Senapred nacional, Senapred Bío Bío, Sernageomin, la Dirección Regional de Obras Hidráulicas y la Subsecretaría del Medio Ambiente.
La parlamentaria del PDG pidió, entre otras cosas, determinar quién resolvió no activar el SAE en Las Condes frente al aluvión, conocer si existen polígonos de alerta previamente definidos, identificar quebradas y laderas con riesgo aluvional en comunas del Bío Bío afectadas por los incendios forestales y precisar qué obras de control están financiadas para 2027.
¿Y EL PRESUPUESTO?
«Necesitamos saber dónde están los riesgos, qué sistemas de alerta existen, qué obras preventivas se van a ejecutar y con qué recursos. La prevención tiene que funcionar igual para una comuna de Santiago que para una localidad rural del Bío Bío”, enfatizó la parlamentaria.
Asimismo, solicitó aclarar el financiamiento ambiental del próximo año. En concreto, el oficio a Medio Ambiente consigna que el Presupuesto 2026 contemplaba una glosa de hasta $144,5 millones para implementar el Acuerdo de Escazú, mientras el proyecto 2027 no contiene una asignación explícitamente identificada para ese fin. Además, la partida “Cambio Climático y Contribución Determinada a Nivel Nacional” disminuye más de 50%.
