El alza de los combustibles que fuera traspasada totalmente a la gente, golpea al gobierno de José Antonio Kast y cuestiona su relato, que busca culpar a la administración saliente.
MAYORÍA CUESTIONA RESPUESTA DEL EJECUTIVO
Una amplia mayoría de la población considera insuficientes las medidas paliativas impulsadas por el gobierno frente al alza de los combustibles (89%). El diagnóstico surge en medio del fuerte incremento en los precios de bencinas y diésel, que ha generado preocupación transversal por su impacto en el costo de la vida. El escenario se tensiona además por el efecto inflacionario que se proyecta en el corto plazo.
El Ejecutivo, liderado por José Antonio Kast, defendió el paquete de medidas como una respuesta fiscalmente responsable ante un contexto internacional adverso. Sin embargo, la percepción ciudadana apunta a que los beneficios no logran compensar el impacto real en los bolsillos. La brecha entre anuncio y efecto concreto se instala como uno de los principales focos de crítica.
MEDIDAS FOCALIZADAS Y CRÍTICAS TRANSVERSALES
Entre las medidas anunciadas se incluyen subsidios al transporte público, apoyo a taxistas y colectiveros, y congelamiento de tarifas en el sistema Red en Santiago. También se contemplan ayudas para la parafina y ajustes en el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).
Pese a ello, las críticas han sido transversales. Parlamentarios de oficialismo y oposición han coincidido en que las medidas son acotadas y no abordan el impacto estructural del alza. Incluso desde sectores cercanos al gobierno se han planteado dudas sobre su cobertura y efectividad.
IMPACTO ECONÓMICO Y PRESIÓN INFLACIONARIA
El alza de los combustibles responde principalmente al aumento del precio internacional del petróleo, influido por tensiones geopolíticas en Medio Oriente. En Chile, los incrementos han sido significativos, con alzas que alcanzan los $370 por litro en bencinas y $580 en diésel.
Este escenario ya comienza a trasladarse al resto de la economía. El encarecimiento del transporte impacta en la cadena de precios, desde alimentos hasta servicios, elevando las expectativas inflacionarias. Economistas advierten que el efecto podría sumar presión adicional sobre el IPC en los próximos meses.
MALESTAR SOCIAL Y COSTO POLÍTICO
El rechazo ciudadano a las medidas se da en un contexto de creciente malestar social. El alza de los combustibles ha generado filas en estaciones de servicio y preocupación en sectores dependientes del transporte, como repartidores y trabajadores independientes.
Además, el aumento ya se perfila como un test político relevante para el gobierno. Analistas advierten que el impacto en la aprobación presidencial y el riesgo de movilizaciones podrían intensificarse si no se amplían las medidas de mitigación.
ENTRE LA RESTRICCIÓN FISCAL Y LA PRESIÓN CIUDADANA
El gobierno ha insistido en que la estrechez fiscal limita la capacidad de absorber el alza vía subsidios masivos. El costo del Mepco y de eventuales compensaciones ha sido uno de los argumentos centrales para justificar el ajuste de precios. Sin embargo, esa decisión ha abierto un flanco político, especialmente ante la discusión paralela sobre rebajas tributarias.
La encuesta de Descifra -en asociatividad con Copesa-, entrega datos duros sobre el tema. El 60% de los encuestados cree que el gobierno tenía otras alternativas y no comparte su decisión de haber traspasado el incremento. Además, 74% considera que las medidas compensatorias anunciadas son insuficientes, y 89% dice que las personas serán las más afectadas.
El dilema se instala con fuerza: contener el gasto público o amortiguar el impacto social. Por ahora, la ciudadanía parece inclinarse por exigir una mayor intervención estatal. La evolución del conflicto internacional y del precio del petróleo será clave para determinar si las actuales medidas logran sostenerse o deberán ser reforzadas en el corto plazo.
