El fiscal nacional, Ángel Valencia, rechazó asumir personalmente las investigaciones que involucran al Presidente de la República, Gabriel Boric, como solicitó el abogado de la Fundación Fuerza Ciudadana, Raimundo Palamara, y que implicaba remover de ella al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.
El legista es litigante tanto en el caso por la fallida compraventa de la casa de Salvador Allende como por la contratación del abogado defensor del Mandatario, causas en las cuales el jefe de Estado figura como imputado.
Había elevado la solicitud por escrito, luego de que Cooper cerrara ambas investigaciones.
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En la relacionada con la compra por parte del Estado decidió no perseverar. Y en la contratación con fondos públicos del abogado defensor del mandatario, Jonatan Valenzuela, se solicitó el sobreseimiento definitivo.
Según Palamara, “las decisiones adoptadas por el fiscal regional de Coquimbo” resultaban “lisa y llanamente impresentables”. Por eso solicitó que Valencia asumiera las indagatorias relacionadas con Boric, las reabriera y practicara diligencias que, a su juicio, habían quedado pendientes.
«NO SE AVIZORAN»
Según publicó radio Bío Bío, la respuesta llagó el 25 de febrero de parte de Catalina Wildner, jefa de gabinete de Valencia.
“De acuerdo a su solicitud, y recabados antecedentes para resolver sobre las pretensiones solicitadas, no se avizoran por el momento circunstancias que ameriten que sea el fiscal nacional quien asuma la dirección de dichas investigaciones”, afirmó.
Agregó que, de acuerdo con la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, el fiscal nacional no puede “dar instrucciones u ordenar realizar u omitir actuaciones en casos particulares”.
También le expresó que eso era “sin perjuicio de otros derechos” que el querellante pueda ejercer.
SITUACIÓN DE LAS CAUSAS
Las causas que tienen al Presidente Boric como imputado están en suspenso.
En el caso de la contratación de Valenzuela, la Corte de Apelaciones de Santiago determinó en enero revocar el sobreseimiento del mandatario.
Este había sido visado en primera instancia por el Séptimo Juzgado de Garantía.
Respecto de la casa de Allende, está en tramitación un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por el mismo Palamara ante el Tribunal Constitucional.
