Política

Angel Valencia y licencias médicas: «Debemos dar el ejemplo»

Cristian Navarro H.

Periodista

Valencia
Foto: Agencia Uno
En caso de comprobarse infracciones, el fiscal nacional anunció que se aplicarán “las sanciones más severas del caso”

El fiscal nacional, Ángel Valencia, confirmó este jueves que 42 funcionarios del Ministerio Público —entre ellos 10 fiscales y 32 trabajadores administrativos y técnicos— salieron del país mientras se encontraban con licencia médica, en un período que abarca desde 2022 hasta 2025.

La detección se produjo tras una auditoría instruida por la División de Contraloría Interna de la Fiscalía Nacional, iniciada luego de que la Contraloría General de la República informara en abril que más de 25 mil funcionarios públicos habrían viajado al extranjero mientras se encontraban con licencia médica. En el caso del Ministerio Público, el análisis incluyó un cruce de datos con la Policía de Investigaciones (PDI), aplicando el mismo procedimiento utilizado por el ente contralor.

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Valencia explicó que la Fiscalía Nacional ordenó expresamente revisar si existían casos de funcionarios que, estando con licencia médica, hubieran viajado al extranjero. “Cumpliendo con nuestro deber legal y constitucional, solicitamos a la División de Contraloría Interna que investigara posibles irregularidades. Como resultado, se detectaron varios casos que ya han sido remitidos a las fiscalías regionales correspondientes para su evaluación”, sostuvo.

En caso de comprobarse infracciones, el fiscal nacional anunció que se aplicarán “las sanciones más severas del caso”. Además, recalcó que el Ministerio Público debe ser un ejemplo en el respeto a la legalidad: “No solo hacemos cumplir la ley penal, también tenemos que respetarla. Si exigimos acatarla, debemos dar el ejemplo de cómo se cumple”.

Desde la Fiscalía Nacional aclararon que ninguno de los viajes identificados corresponde a funcionarios actualmente en ejercicio en la propia Fiscalía Nacional, ni a personas que dependan directamente de esa unidad.

La investigación ahora queda en manos de las respectivas fiscalías regionales, que deberán determinar si existe mérito para iniciar procesos disciplinarios o eventuales acciones penales.

 

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