A través de un recurso ingresado en la Corte de Apelaciones de Santiago, la defensa de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco nuevamente buscará revertir la prisión preventiva que cumple desde enero de este año.
El pasado 4 de junio el Séptimo Juzgado de Garantía ya rechazó sustituir la cautelar por una medida menos gravosa.
El escrito cuestiona los fundamentos utilizados por el tribunal para mantener la prisión preventiva, porque, argumenta, «confunde los fines legítimos de una medida cautelar con los fines propios de una condena anticipada».
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Asimismo, asevera que «enfrentar el juicio en libertad es la regla general que asiste a mi representada» y solicita reemplazar la cautelar por arresto domiciliario total y arraigo nacional.
NO HAY RIESGO DE FUGA
A juicio de la defensa, no hay suficientes razones para mantener a la exmagistrada privada de libertad mientras continúa la investigación. Entre otras cosas, porque «actualmente no ejerce función pública alguna» y, además, se encuentra «imposibilitada de reiterar conductas semejantes a aquellas que son objeto de la presente investigación».
Asimismo, el escrito aduce su arraigo familiar y social, por lo que descarta un eventual riesgo de fuga.
Otro factor que destaca la apelación -difundida por 24 Horas– es la situación médica de Vivanco y recuerda que durante 2025 enfrentó un cáncer de mama que requirió intervenciones quirúrgicas y radioterapia y que, si bien se encuentra en remisión, su oncólogo tratante certificó un pronóstico «reservado» y no descartó una reactivación.
A ello agrega otras patologías crónicas que presenta la exmagistrada y que requieren seguimiento médico permanente y controles especializados. que no ha podido tener en varios meses.
AMENAZA AL DERECHO A LA VIDA
Otro argumento del recurso de la defensa de Vivanco para intentar levantarle la prisión preventiva de la exjueza es su deterioro físico y marcada baja de peso, al igual que un informe psicológico según el cual la exministra se encuentra severamente afectada emocionalmente por su falta de adaptación al entorno carcelario.
Advierte que mantener la cautelar «amenaza directamente su derecho a la vida y a la integridad física».
Del mismo modo, la defensa recuerda que la exministra es la única familiar responsable, apoderada legal y principal sustentadora económica de su madre, una mujer de 83 años que permanece institucionalizada y requiere cuidados permanentes.
El escrito sostiene que esta situación ha generado una fuerte angustia en la exmagistrada ante la posibilidad de no poder acompañarla en una etapa crítica de su vida.
