La Corte de Apelaciones de Antofagasta decidió no seguir con la solicitud de desafuero del gobernador metropolitano Claudio Orrego, pero no porque el requerimiento carezca de fundamento, sino porque —según el tribunal— no le corresponde seguir con el caso.
El tribunal de alzada ordenó que la causa continúe en Santiago, dado que el Séptimo Juzgado de Garantía ya asumió formalmente el proceso penal vinculado al caso ProCultura —parte del caso Convenios—, tras haber sido declarado competente para investigarlo.
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Esta decisión reordena el tablero judicial en torno al desafuero del gobernador: no pone freno al procedimiento, pero sí lo traslada al centro político y judicial del país, donde se concentrará ahora la discusión sobre si Orrego pierde o no su inmunidad para enfrentar una investigación penal.
El pleno del tribunal lo expresó con claridad en su resolución. La Corte de Antofagasta carece de competencia para tramitar el desafuero y debe remitir los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Santiago.
Con esto, la solicitud presentada por el fiscal jefe de Alta Complejidad, Eduardo Ríos, —que busca investigar eventuales delitos de fraude al fisco en convenios firmados entre ProCultura y diversas gobernaciones, incluida la Metropolitana— seguirá avanzando sin detenerse, pero bajo jurisdicción santiaguina.
En términos prácticos, el fallo traslada el foco del caso a Santiago, donde se decidirá el futuro político-judicial de Orrego: si mantiene su fuero o si queda expuesto a una investigación penal formal.
