Una nueva edición de la encuesta Agenda Criteria evidenció una caída en la aprobación del Presidente José Antonio Kast, junto con un deterioro en las expectativas económicas y un fuerte respaldo ciudadano a medidas más estrictas en convivencia escolar.
De acuerdo con el estudio, realizado entre el 8 y 9 de abril con una muestra de 805 personas a nivel nacional, la aprobación del mandatario descendió a 36%, marcando su tercera baja consecutiva, mientras que la desaprobación alcanzó el 49%.
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EVALUACIÓN DEL GOBIERNO Y MANEJO DE CRISIS
El informe también muestra una evaluación crítica respecto al manejo de la situación de emergencia planteada por el gobierno de Kast. Un 44% considera que el camino adoptado es incorrecto, superando al 35% que lo respalda.
Este resultado consolida una tendencia a la baja en la percepción positiva del Gobierno en este ámbito.
ECONOMÍA: CRECE EL PESIMISMO Y PREOCUPACIÓN POR PRECIOS
En el plano económico, las percepciones muestran un giro negativo respecto a mediciones anteriores. Un 43% de los encuestados cree que la situación económica del país empeorará en los próximos seis meses, mientras que un 36% anticipa un deterioro en la economía de sus hogares y un 33% en las oportunidades laborales.
Asimismo, un 43% percibe que los precios han aumentado significativamente en el último semestre, reflejando una fuerte preocupación por el costo de vida.
En cuanto a los combustibles, crece la percepción de que el alza responde a factores internacionales (48%), aunque un 38% también atribuye responsabilidad al actual Gobierno.
CRECIMIENTO ECONÓMICO E IMPUESTOS
El estudio indica que un 64% de los encuestados considera que el crecimiento económico debe ser la principal prioridad del país. En esa línea, un 72% estima que se deben aumentar los impuestos a las grandes empresas para impulsarlo.
Además, la mayoría asocia el crecimiento con efectos positivos: reducción de la desigualdad (57%), mejora en la calidad del empleo (60%) y aumento de salarios (53%).
AMPLIO RESPALDO A MEDIDAS EN CONVIVENCIA ESCOLAR
En materia educacional, el sondeo muestra un alto nivel de apoyo a medidas orientadas a reforzar la disciplina. Un 75% está de acuerdo con establecer sanciones a alumnos que interrumpan clases, mientras que un 65% respalda impedir el acceso a la gratuidad en educación superior para personas condenadas por hechos de violencia.







