Este jueves, la Corte de Apelaciones de Santiago programó la audiencia para analizar la solicitud de desafuero del diputado Joaquín Lavín León, en el marco de una investigación dirigida por el Ministerio Público por presunto fraude al fisco y uso indebido de fondos públicos.
La sesión se llevará a cabo el jueves 4 de septiembre a las 08:30 horas.
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La fiscal Lorena Parra presentó la acción ante el Pleno del tribunal, en representación de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente.
INDAGATORIA
La Fiscalía de Alta Complejidad conduce la indagatoria, con el apoyo de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) y la Unidad Especializada Anticorrupción (UNAC) de la Fiscalía Nacional.
El propósito de la audiencia será evaluar si existen antecedentes suficientes para revocar la inmunidad parlamentaria del legislador, requisito necesario para su eventual formalización judicial.
Uno de los principales focos del caso es el uso de fondos públicos para el desarrollo y funcionamiento de Socialtazk, una aplicación de mensajería y recopilación de datos políticos creada por la empresa Modo 74, propiedad de los hermanos del diputado: Juan Pablo y María Estela Lavín.
FISCALÍA
Según la Fiscalía, el Congreso Nacional financió completamente la app, pese a que Lavín la empleó con fines electorales privados.
Lavín ofreció la herramienta sin costo a más de 70 candidatos de la UDI entre 2020 y 2021, a cambio del acceso a sus bases de datos.
Además, el parlamentario habría instruido a parte de su equipo legislativo a trabajar en la validación y carga de información en la plataforma durante su horario laboral, lo que podría constituir un desvío de recursos fiscales. El perjuicio estimado por el Ministerio Público en este ámbito supera los $93 millones.
Paralelamente, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella en relación con otra arista de la causa, centrada en el presunto financiamiento ilegal de campañas electorales.
Según el escrito, Lavín, junto a su asesor Arnaldo Domínguez y los proveedores Juan Silva y Felipe Vásquez, habrían utilizado facturas falsas para rendir gastos ante el Congreso, sin que existiera una prestación real de servicios. El perjuicio fiscal en esta parte del caso se estima en más de $104 millones.
