El gobierno de José Antonio Kast puso en marcha este viernes la primera fase de su auditoría al aparato público con una hoja de ruta exigente, plazos acotados y una señal política inmediata: revisar de forma especial los casos Convenios y ProCultura, dos episodios que La Moneda considera representativos de las falencias de control heredadas de la administración anterior.
La decisión fue adoptada en la sesión constitutiva del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, instancia creada para conducir la llamada “auditoría de entrada” al Estado. En ese encuentro no solo se fijaron objetivos, criterios de trabajo y tiempos de ejecución, sino que también se resolvió incorporar una línea especial de revisión sobre ambos casos, con el fin de establecer si aún existen antecedentes pendientes en servicios públicos o responsabilidades que no hayan sido suficientemente esclarecidas.
Con ello, el Ejecutivo busca imprimir desde el inicio un sello concreto a la revisión estatal: rapidez, cobertura transversal y foco en áreas de riesgo. La auditoría abarcará los primeros seis meses de gobierno y concentrará sus esfuerzos en cinco materias sensibles: transferencias y convenios, contrataciones públicas, grandes contratos, gestión de personal y ejecución presupuestaria.
UN DESPLIEGUE EN TRES NIVELES
El diseño contempla una estructura escalonada. En la conducción superior estará el comité estratégico, integrado por la subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo; el subsecretario del Interior, Máximo Pavez; el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez; y el asesor presidencial Francisco Riveros. A ellos les corresponderá definir prioridades, monitorear avances y orientar las decisiones políticas del proceso.
La coordinación técnica quedará en manos del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG), mientras que la ejecución operativa recaerá en las unidades de auditoría interna de ministerios, subsecretarías y servicios públicos, que deberán levantar información en terreno bajo los criterios comunes fijados por el Ejecutivo.
PRIMER PLAZO: 6 DE ABRIL
Uno de los elementos centrales definidos en la primera sesión fue el cronograma. El comité dio a los servicios públicos 17 días para remitir antecedentes en las cinco áreas críticas ya identificadas. El plazo vencerá el 6 de abril e incluirá información correspondiente a 2025 y al periodo comprendido hasta el 11 de marzo de 2026.
El proceso movilizará a más de mil auditores internos a nivel nacional, con la meta de elaborar informes parciales durante abril y a comienzos de mayo. En Palacio recalcan que este esfuerzo apunta a producir resultados tempranos y trazables, además de identificar nuevos hallazgos para derivarlos a las autoridades competentes.
UNA REVISIÓN QUE TAMBIÉN BUSCA INSTALAR RELATO
Aunque la auditoría se presenta como una herramienta técnica para examinar el estado financiero y administrativo del aparato público, la inclusión de Convenios y ProCultura deja en evidencia que el proceso también tendrá una lectura política inevitable. El oficialismo utilizó ambos casos para cuestionar los estándares de control de la gestión anterior, por lo que al incorporarlos formalmente a la revisión refuerza su intento de asociar a la nueva administración con una promesa de corrección, orden y fiscalización.
Más que una revisión neutra del Estado, el gobierno parece apostar a que esta auditoría sirva también para consolidar su diagnóstico sobre la administración saliente. Es decir, no solo levantar datos sobre funcionamiento institucional, sino instalar con fuerza la idea de que hubo deficiencias relevantes en el uso de recursos públicos, en los sistemas de supervisión y en la capacidad de prevenir irregularidades.
LA AUDITORÍA COMO PRIMERA OFENSIVA DE GOBIERNO
Desde su discurso de cambio de mando, Kast ha insistido en que recibió un país en condiciones más complejas de lo esperado, con finanzas tensionadas y debilidades en la gestión estatal. La auditoría aparece así como una de las primeras ofensivas estructurales de su mandato: una herramienta para revisar, ordenar y, al mismo tiempo, reforzar políticamente el contraste con Gabriel Boric.
En ese marco, la sesión inaugural del comité no solo activó un proceso administrativo de gran escala. También dejó claro que La Moneda quiere convertir esta auditoría en una pieza central de su narrativa de instalación, con foco en resultados rápidos, eventuales derivaciones institucionales y una revisión prioritaria de los casos que más dañaron la credibilidad del gobierno anterior.
Subsecretario Máximo Pavez participó junto a sus pares de @Segpres y @SubseHacienda en la instalación del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal 🔍
Esta instancia tiene por objetivo dirigir y priorizar la revisión transversal del Estado.
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— Subsecretaría del Interior (@SubseInterior) March 20, 2026
