A través de un comunicado el Servicio Médico Legal (SML) desmintió al candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien acusó que existirían «miles de protocolos de detenidos desaparecidos» y osamentas sin periciar en sus dependencias, pero este insistió en sus planteamientos.
La repartición pública, dependiente del ministerio de Justicia, enfatizó que “en materia de identificación de víctimas de la dictadura, esta institución forense niega categóricamente que existan en sus dependencias osamentas sin periciar”.
“Todo material y evidencia recuperada en sitios de hallazgo ha sido analizado o se encuentra actualmente en proceso de análisis, conforme a los requerimientos judiciales vigentes. No existen protocolos ni peritajes pendientes que estén fuera de dichos procesos”, puntualizó la entidad en su declaración.
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Kaiser había insistido en que el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Detenidas Desaparecidas “no se hace cargo de la identificación de los miles de protocolos” y que se financia “con miles de millones de pesos” sin avanzar en la identificación de restos humanos que, según él, “ya están en poder del Estado hace más de 20 años” y que habrían sido “dañados por falta de responsabilidad”.
A pesar del dementido, Kaiser insistió en que en el SML hay osamentas sin identificar y apuntó a la actual directora del organismo, Dra. Marisol Prado Villegas, quien asumió el cargo en julio de 2023.
A través de su cuenta en X (exTwitter), escribió que “va a tener que hacerse cargo de sus declaraciones ante la comisión mixta de presupuesto del año 2023, en que informó de miles de protocolos de identificación de detenidos desaparecidos sin procesar”.
Recalcó que el comunicado del SML “es engañoso y defrauda la fe pública que espera la identificación de los restos, no su clasificación. Esta es otra muestra más de lo podrido que está el sistema de DDHH en Chile”.
RESTOS SIN IDENTIFICAR
El debate no es nuevo.
En 2023 CIPER Chile reveló que el SML mantenía 89 cajas con osamentas sin analizar durante 23 años, las cuales habían sido custodiadas previamente por la Universidad de Chile.
Según un informe de 2022 del propio organismo, conservaba restos de cerca de 300 presuntas víctimas sin identificar, hallados entre 1990 y 2015. Esto indignó a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y el ministerio de Justicia ordnó una auditoría.
Ahora el Servicio Médico Legal busca marcar distancia con ese periodo, asegurando que todos los análisis pendientes se realizan conforme a los mandatos judiciales y a los protocolos científicos más recientes.
