Uno de los proyectos aprobados trata sobre los funerales de alto riesgo. Según lo establecido, cuando una persona fallece, especialmente en el contexto del crimen organizado (aunque podría aplicar a cualquier caso que implique un funeral de alto riesgo), se trasladará directamente desde el Servicio Médico Legal al lugar de cremación.
Actualmente, se debate si este proceso incluirá un velorio, ya que omitirlo podría infringir normativas relacionadas con la libertad de culto.
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Así lo explicó Iván Flores (DC), presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, durante la sesión del 29 de agosto, refiriéndose al avance del fast track en seguridad que se discute en la comisión que él preside.
NARCOFUNERALES
Estos funerales de alto riesgo, conocidos también como «narcofunerales,» han afectado el funcionamiento de instituciones educativas y han requerido la intervención legislativa.
Por ello, el gobierno del Presidente Gabriel Boric incluyó este asunto en la agenda de seguridad acelerada, que pronto podría convertirse en ley.
No obstante, el senador Flores también señaló una complicación pendiente: determinar el momento exacto en que debe iniciarse el plazo para la inhumación del cuerpo.
PROBLEMAS EN EL PROYECTO
Desde el Ministerio del Interior, aclararon que más que un problema del proyecto, lo que plantea el senador son «dudas operativas» que deben resolverse con atención a la ley de culto, dado que la mención al velorio se relaciona con el «rito mortuorio» a seguir.
Para aclarar estas dudas, el gobierno ha convocado al ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, y asesores del Ministerio del Interior, como Ana Lya Uriarte, para la sesión de este lunes a las 15:30 en el ex Congreso de Santiago, donde se espera abordar este tema hasta su resolución.
MINISTERIO DE SEGURIDAD
El 6 de agosto se formó una comisión mixta de senadores y diputados de las comisiones de Seguridad de ambas cámaras para resolver las cuestiones críticas del proyecto que crea el Ministerio de Seguridad. Después de un mes de discusiones, aún quedan tres asuntos por resolver.
Uno de ellos es el diseño final de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que debe coordinarse mejor con otros ministerios, dado que la prevención del delito puede involucrar diferentes áreas más allá de la seguridad pública.
Además, surgió una preocupación entre algunos parlamentarios opositores sobre el tipo de información que manejará el subsecretario de esta área. El senador Manuel José Ossandón (RN) expresó su inquietud al señalar que, dado que el subsecretario no participa en operaciones, es peligroso que tenga acceso a información sensible que podría ser mal utilizada.
Ossandón argumentó que para planificar programas no es necesario acceder a inteligencia, sino obtener información de otros ministerios sobre áreas críticas, como los barrios donde operan bandas delictivas.
MINISTRA DE INTERIOR
La ministra del Interior, Carolina Tohá, respondió a Ossandón indicando que las sanciones por divulgar información son severas y que el subsecretario será responsable de manejarla con cuidado.
En la oposición, también se cuestiona que el jefe del Ministerio del Interior podría adquirir demasiados poderes políticos, lo que, según critican en privado, podría alterar el régimen político presidencial vigente en Chile.
Otro tema pendiente es la relación entre el seremi de Seguridad y el delegado presidencial. La duda es quién deberá coordinarse con el director de zona de Carabineros. Desde el Ministerio del Interior aclararon que será el delegado presidencial, quien tendrá la autoridad principal, evitando así un doble mando.
Se prevé que las discusiones continuarán durante cuatro sesiones más, con la expectativa de despachar el proyecto a fines de septiembre o principios de octubre.
PROYECTO
Este proyecto, en discusión en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, busca fortalecer la Agencia Nacional de Inteligencia. Aunque los integrantes de la comisión son optimistas sobre un pronto despacho, reconocen que están entrando en una fase crítica: la creación de la Agencia Nacional de Inteligencia Civil.
Desde la oposición, la presidenta de la comisión, Camila Flores (RN), ha expresado su rechazo a la creación de esta nueva entidad, anticipando que la discusión será intensa. En contraste, el diputado Jorge Brito (FA), del oficialismo, afirmó que su postura ha sido consistente a lo largo del tiempo, buscando dotar a la Agencia de capacidades suficientes para controlar, dirigir y gestionar el sistema de inteligencia del Estado, argumentando que es crucial para que el Presidente de la República reciba informes que anticipen posibles amenazas al país.
Aunque la comisión espera despachar el proyecto antes de fin de mes, la discusión sobre este tema podría prolongar el proceso.
LEY ANTITERRORISTA
Existe consenso entre los actores involucrados de que esta semana la Comisión de Seguridad de la Cámara debería despachar a la sala de la Cámara la ley antiterrorista.
Después de resolver los temas críticos, como la figura del terrorista individual y el listado de autoridades consideradas como posibles víctimas de un ataque terrorista, la comisión ha avanzado rápidamente.
Tanto parlamentarios del oficialismo como de la oposición, además del gobierno, confían en que la comisión podrá enviar el proyecto al pleno de la Cámara antes del miércoles.
Si no se logra, la discusión podría extenderse hasta la semana del 23 de septiembre, después del receso distrital.
NO HAY INCONVENIENTES
Gloria Naveillán (IND), presidenta de la comisión, mencionó que, en caso de no haber inconvenientes, podrían citar una sesión hasta despachar completamente el proyecto este miércoles, a pesar de que la fecha coincide con el 11 de septiembre, lo que podría complicar la asistencia de algunos parlamentarios.
Naveillán también explicó que la urgencia del proyecto vencía el lunes, lo que le habría permitido citar una sesión hasta total despacho.
Sin embargo, el gobierno renovó la urgencia, lo que limita su capacidad de citar en esas condiciones, obligando a tomar dos sesiones más para finalizar el despacho.
