El ministerio de Bienes Nacionales advirtió a Presidencia sobre las implicaciones negativas de la compra de la casa de Salvador Allende.
Así lo reveló Ciper Chile, que estableció que el hecho habría sido comunicado al equipo del Presidente Gabriel Boric en, al menos, tres reuniones ocurridas entre junio y noviembre de 2024.
Además, esto lo habría transmitido la entonces ministra Marcela Sandoval -quien tuvo que dejar su cargo a raíz de la crisis- al asesor de Presidencia Leonardo Moreno.
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Eso sí, según las fuentes del citado medio, nunca se alertó sobre los problemas de constitucionalidad que tenía la operación.
La advertencia fue más bien sobre los problemas políticos y éticos que podría acarrear que el Estado adquiriera un inmueble que era propiedad de una ministra de gobierno y su familia.
«PROBLEMA COMUNICACIONAL»
Al respecto Moreno le habría dicho a Sandoval que los reparos planteados por Bienes Nacionales se tratarían de un “problema comunicacional” del que en su momento se haría cargo Presidencia. Que el ministerio solo debía ejecutar la parte técnica de la compraventa.
Ciper consultó a Presidencia el pasado 8 de enero si habían recibido reparos o advertencias por parte de Sandoval o algún otro funcionario de Bienes Nacionales a la compra de la casa de Allende.
Desde el equipo de comunicaciones aseguraron que “a lo largo del proceso, no se formalizaron reparos o advertencias a la Presidencia de la República”.
Frente a los nuevos antecedentes respondieron que “existe una investigación penal en curso, en la que ya han declarado y colaborado distintos funcionarios de Gobierno. Por lo que no hay versión de Presidencia ante la consulta”.
IMPUTADAS Y TESTIGOS
En la causa por presunto fraude al fisco que lleva adelante el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper ya declararon la ministra de Defensa, Maya Fernández, la senadora Isabel Allende y la exministra Marcela Sandoval, todas el calidad de imputadas.
Como testigos declararon Macarena Diez, ex jefa de la División Jurídica del ministerio de Bienes Nacionales; Sebastián Vergara, subsecretario de Bienes Nacionales; Pablo Maino, jefe de División de ese mismo ministerio; Francisca Moya, jefa de la División Jurídico-Legislativa del ministerio Secretaría General de la Presidencia; Víctor Merino, subcontralor General de la República; Nélida Pozo, directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, y José Rafael Cortés, asesor de Gabinete del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.
