El ministro de Seguridad, Luis Cordero, confirmó que el Presidente Gabriel Boric instruyó a la Fuerza Aérea de Chile (FACh) que entregue a la Fiscalía los antecedentes en su poder sobre los funcionarios detenidos por presunto tráfico de drogas en el norte del país.
Esto ocurrió luego de una reunión del Ejecutivo con los comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA).
La autoridad informó que “el ministerio de Seguridad Pública se va a querellar en el caso de la FACh, también por Ley 20.000, al igual como lo hizo en el caso de los exfuncionarios del Ejército”.
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Por su parte, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, informó que de momento se desconoce “quién es el proveedor” de la sustancia ilícita detectada.
“Fue la propia Fuerza Aérea la que descubre esta maleta que estaban metiendo ‘a la mala’ y la hace pasar por rayos X y se descubre que la droga que contenía era ketamina”, detalló.
Precisó que “los antecedentes que disponemos en este momento son los que han salido en la propia prensa, de que sería ketamina, pero podría ser otra droga o podría haber más”.
CONTIENDA DE COMPETENCIA
Recordemos que la Fiscalia acudió a la Corte de Apelaciones de Iquique tras la negativa de la FACh a remitir los antecedentes sobre los funcionarios investigados por presuntamente intentar trasladar droga en un vuelo institucional.
Esa rama de la fuerzas armadas ha mantenido un completo hermetismo respecto a los detalles de la indagatoria, incluyendo la identidad de los involucrados, el tipo de sustancia ilícita detectada y las medidas internas que adoptará frente al caso.
Por el lado de la Fuerza Aérea, la Fiscalía de Aviación aumió la investigación de manera reservada, excluyendo al Ministerio Público, a pesar de se trata de hechos que podrían configurar un delito contemplado en la Ley 20.000.
Ante la negativa por parte de la institución castrense de entregar la inormación requerida por la justicia, el órgano perseutor presentó el recurso ante la Corte de Apelaciones de Iquique, según confirmó la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert.
A juicio de la persecutora, para determinar la competencia de los tribunales es imprescindible contar con los antecedentes completos. Hasta ahora, la única información disponible para la Fiscalía ha sido la divulgada a través de los medios de comunicación, basada exclusivamente en un escueto comunicado emitido por la FACh.
Fue por eso que el Ministerio Público interpuso una contienda de competencia ante la Corte de Apelaciones.
La fiscal Steinert había requerido información urgente a la Fiscalía de Aviación el pasado 4 de julio de 2025 y exigía una respuesta en 24 horas.
Esta respondió que «no le es lícito informar, comunicar o remitir antecedentes relativos a hechos sometidos a un Tribunal Militar» pues, a su juicio, es competencia exclusiva de la justicia castrense.
DELITOS COMUNES
En la contienda presentada a la Corte de Apelaciones de Iquique por el Ministerio Público, la Fiscalía Regional sostuvo que el acceso a los antecedentes que maneja la FACh es “indispensable” para determinar si el caso corresponde a justicia ordinaria o militar. Subrayó que los hechos involucran delitos comunes: tráfico de drogas y posible uso indebido de recursos públicos.
Enfatizó que la información militar es crucial para identificar redes criminales externas. Advirtió que la reserva obstaculiza investigar si existen cómplices civiles. El escrito sostiene que “el no acceso a la información impide que el Ministerio Público ejerza sus facultades constitucionales“.
Steinert recordó que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema, “la competencia de la justicia militar debe interpretarse de forma restrictiva” y que se ha limitado el fuero militar a delitos propios del servicio, no a crímenes que afecten bienes civiles como la salud pública.
NO ES EL PRIMER CASO
El caso de los funcionarios de la Fuerza Aérea se suma al de seis efectivos del Ejército que fueron detenidos, acusados de estar vinculados con una banda dedicada a internar droga al país, que era trasladarla desde el extremo norte del país hasta la región Metropolitana.
En ese operativo se incautó 192 kilos de cocaína y pasta base avaluados en $3 mil millones, informó Carabineros.
De acuerdo a los antecedentes que maneja el Gobierno, los “narcomilitares” utilizaban vehículos similares a los de escolta y se organizaban con un sistema de custodia del cargamento, deteniendo los vehículos en puntos estratégicos.
Los detenidos operaban en días libres o feriados, aprovechando instalaciones o contactos militares posibles de utilizar como resguardo temporal.
