El Presidente de la República, Gabriel Boric, respondió mediante una carta los requerimientos de la comisión investigadora que indaga los actos del Gobierno en la fallida compraventa de la casa del ex Presidente Salvador Allende.
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En la misiva dirigida a la comisión, el Mandatario señala que «como es de su conocimiento, nuestra Constitución Política y la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional excluyen al Presidente de la República de las autoridades que deben comparecer ante las comisiones especiales investigadoras. Sin embargo, quisiera complementar brevemente lo planteado por las autoridades de gobierno y los demás funcionarios que han comparecido ante su Comisión, en cuyas presentaciones, ya respondieron muchas de las preguntas que se me formulan y que son de interés de esta instancia».
El jefe de Estado detalló que «a esta Comisión Investigadora asistieron y colaboraron el ministro del Interior, Álvaro Elizalde; la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo; el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa; la directora de Presupuestos; la directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural; el director de la Secretaría de Comunicaciones; la jefa de la División Jurídico-Legislativa; el jefe de la División de Bienes Nacionales; la secretaria regional ministerial de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana; entre otros asesores y funcionarios. La colaboración del gobierno ha sido total y espero que este escrito también les sea de ayuda», añadió.
«LAS CASAS DE LOS EXPRESIDENTES DEBEN SER PATRIMONIO PÚBLICO»
En la misma línea, reiteró que como he señalado públicamente, tengo la convicción, hasta el día de hoy, de que las casas de los expresidentes Aylwin y Allende deben ser patrimonio público. Esta voluntad de rescate de la memoria histórica y de conservación patrimonial estuvo en la base de esta iniciativa».
El Presidente explicó que «dada la naturaleza de mi función, mi rol en el proceso de adquisición de la casa del Presidente Allende fue acotado y se redujo a la decisión inicial y a la firma del decreto que autorizaba la compra, respecto del cual, como es sabido, la Contraloría General de la República tomó razón».
Agregó que «no tuve conocimiento sobre potenciales inhabilidades constitucionales para la materialización de la compraventa. Posteriormente, apenas se me informó de las consecuencias que podría tener la adquisición, instruí que se examinara a fondo la situación y que se detuviera el proceso, tal como se informó a la opinión pública el pasado 3 de enero del presente año».
RESPONSABILIDADES POLÍTICAS
En cuanto a las responsabilidades involucradas, señaló: «Respecto a las responsabilidades de lo sucedido, hice valer la responsabilidad política de la ministra de Estado de cuya cartera dependía la ejecución de esta tarea, hay un sumario administrativo en curso para establecer otras responsabilidades y, como informó el ministro Figueroa ante esta Comisión, se ordenó elaborar un manual de adquisición en el Ministerio de Bienes Nacionales para perfeccionar este tipo de procedimientos en el futuro».
Finalmente, el Mandatario sostuvo que «es parte del compromiso de este gobierno contribuir a que las instituciones funcionen bien, promover la transparencia para enfrentar las dificultades y ser proactivos en mejorar los procesos ya existentes. Por ello, y tal como lo señalé al inicio, nuestro gobierno ha colaborado activamente con esta Comisión y con la investigación que dirige el Ministerio Público, y ha ejecutado con celeridad las medidas que corresponden cuando este tipo de situaciones ocurren».
