El Presidente Gabriel Boric sorprendió al Congreso al ingresar, a menos de tres meses de las elecciones presidenciales y parlamentarias, un oficio que impone urgencia “simple” al proyecto de aborto que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas. La decisión obliga a la Cámara de Diputados a tramitar la iniciativa en un plazo formal de 30 días, reabriendo un debate valórico que atraviesa las campañas y expone divisiones internas tanto en el oficialismo como en la oposición.
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UN CONGRESO EN PIE DE GUERRA
El gesto del Mandatario llega en un momento crítico: la oposición mantiene un bloqueo legislativo como represalia por las reformas electorales impulsadas por el Gobierno, mientras en paralelo el Senado discute la eutanasia, otro tema altamente sensible. La urgencia al aborto, por tanto, agrega presión a un Congreso ya tensionado, donde incluso los aliados del Ejecutivo admiten que la tramitación puede extenderse más allá de lo solicitado.
EFECTO EN LA CANDIDATURA DE JARA
Para la candidata presidencial de la Democracia Cristiana y el oficialismo, Jeannette Jara, la movida no es cómoda. Aunque en su programa figura el aborto como octava medida prioritaria, durante las primarias admitió que no estaba contemplado en su propuesta inicial, lo que le valió críticas de adversarios y roces con su propio partido. Hoy, la urgencia reaviva esas contradicciones y la obliga a definirse con mayor claridad en plena campaña.
LA OPOSICIÓN Y EL FLANCO MATTHEI
En Chile Vamos, el oficio presidencial también genera incomodidad. Además de la oposición ideológica al aborto, existe la sospecha de que La Moneda busca forzar un emplazamiento a Evelyn Matthei, quien en el pasado se mostró abierta a debatir causales específicas de interrupción, una postura que podría ser explotada por sus rivales. La derecha, que ya acordó no dar curso a proyectos del Gobierno, enfrenta así un dilema: resistir el debate a riesgo de parecer obstruccionista, o abrir una discusión que puede fracturar sus filas.
Con este movimiento, Boric instala un tema que no solo marca agenda legislativa, sino que se convierte en un eje de la campaña electoral, obligando a todos los candidatos a definirse en uno de los debates más controvertidos del país.
