En una audiencia de cautela de garantías solicitada por las defensas del abogado Samuel Donoso, el diputado Miguerl Ángel Calisto y el exdiputado Hugo Gutierrez, todos imputados en la investigación por presuntas irregularidades y eventuales pagos de coimas vinculados a contratos de alimentación escolar de Junaeb, el tribunal rechazó darles acceso a los antecedentes de la causa.
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago determinó que ese lapso se extenderá por seis meses.
Durante la audiencia quedó establecido que la investigación contempla el delito de lavado de activos. De ahí la reserva la carpeta investigativa por ese tiempo.
La fiscal de Alta Complejidad Oriente Constanza Encina evitó precisar quiénes de los imputados están siendo investigados específicamente por ese ilícito.
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Sí explicó que “las defensas querían, de cierta forma, no solo acceder al contenido de una investigación que en este momento se encuentra bajo una reserva legal estricta que dispone la ley de lavado de activos, a la cual, por cierto, nos opusimos, sino que también, y principalmente, querían, de alguna forma, que se limitara el acceso a la revisión de la evidencia que fue incautada”.
Esta incluye teléfonos celulares y computadores requisados durante los allanamientos realizados en el marco de la investigación.
Según la persecutora, el tribunal compartió la posición del Ministerio Público respecto de que corresponde a la Fiscalía determinar qué información resulta pertinente para la causa, publicó Meganoticias.
En palabras de Encina, «es el Ministerio Público el que debe cerciorarse de que aquella información que sea pertinente y útil ingrese a la carpeta de investigación».
SECRETO PROFESIONAL
Ese es precisamente un punto expuesto por la defensa del exdiputado y abogado Hugo Gutiérrez, encabezada por Diego Ibáñez.
Este solicitó establecer reglas para impedir que la revisión de los dispositivos terminara exponiendo conversaciones de su defendido con sus clientes, regidas por el secreto profesional, que no tengan relación con la investigación sobre coimas en Junaeb.
“En ningún caso se intentó limitar el acceso a la evidencia que pueda llegar a tener la Fiscalía respecto a los delitos que se están investigando”, aseguró.
De todos modos la jueza rechazó las solicitudes, pero Ibáñez destacó que la extracción de información deberá ajustarse a los criterios existentes en el Ministerio Público para el tratamiento de evidencia digital y que, si posteriormente detectan vulneraciones de derechos, podrán nuevamente recurrir al tribunal.
El abogado planteó, por otro lado, que Gutiérrez «no ha accedido en ningún momento a la resolución que dispuso que él tenía que entregar sus dispositivos cuando se presentó ante la Policía de Investigaciones. Tampoco le hicieron saber el contenido de la resolución, no se la mostraron hasta el día de hoy”.
En ese sentido, anunció que solicitará formalmente la resolución que autorizó las diligencias.
