En una votación preliminar que terminó anticipando lo que ocurriría posteriormente, la Cámara de Diputados rechazó, con 111 votos a favor, la denominada cuestión previa planteada por el abogado defensor del suspendido juez de la Corte Suprema, Diego Simpertigue.
El resultado representó un fuerte revés para la defensa del magistrado, ya que ninguno de los legisladores presentes en ese momento otorgó validez a las formalidades presentadas por el abogado Felipe Lizama para anular el libelo impulsado por los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini.
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Esto prolongó la incertidumbre para Simpertigue, quien no asistió a la sesión. Horas más tarde, en una votación sin precedentes, la Cámara aprobó por unanimidad, con 132 votos a favor, la acusación de fondo en su contra, basada en tres capítulos vinculados a presuntas faltas a la probidad en el ejercicio de su función judicial.
El Senado actuará como jurado y resolverá el próximo lunes 22 el desenlace de este juicio constitucional. Si la mayoría de los senadores en ejercicio (26 votos) ratifica la decisión, destituirán a Simpertigue y lo inhabilitarán para ejercer cargos públicos durante los próximos cinco años.
ALEGATOS
Al inicio de la sesión, el abogado Lizama argumentó posibles vicios de forma en la acusación contra Simpertigue, relacionados con una supuesta falta de garantías en el proceso, debido al escaso tiempo que, según él, la comisión revisora tomó para analizar el libelo.
Una de las críticas del defensor señalaba que la Cámara buscaba votar esta acusación justo antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Finalmente, esto no ocurrió, y la votación se trasladó para este lunes.
Lizama también cuestionó a varios diputados, entre ellos los UDI Marco Antonio Sulantay y Henry Leal, a quienes acusó de haber anticipado su posición respecto del libelo. Según algunos legisladores de derecha, esta estrategia resultó contraproducente, ya que molestó a la oposición, que finalmente se unió en bloque a favor del escrito promovido por los diputados oficialistas.
El abogado fue más allá y comparó el caso de Simpertigue con la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende, episodio que costó el cargo a la senadora Isabel Allende (PS) y a la entonces ministra de Defensa, Maya Fernández (PS), por haber suscrito un contrato siendo una parlamentaria y la otra secretaria de Estado, respectivamente.
Aludiendo de manera indirecta a que nadie responsabilizó al Presidente Gabriel Boric en ese episodio, Lizama afirmó: “Como estamos en Chile, el hilo se corta por lo más delgado… ¡Qué curiosa paradoja, presidente! Me recuerda otros casos en los que ha habido muchas firmas de actos administrativos, muchas moscas de actos administrativos, y sin embargo, quienes suscriben esos actos administrativos no quieren responder”.
ARGUMENTOS
Tras el rechazo unánime de la cuestión previa, Lizama pasó a analizar los tres capítulos que sustentan la acusación.
El primero acusa al magistrado de incumplir de manera notable el deber de probidad, abstención e imparcialidad en el litigio entre Codelco y Belaz Movitec.
“Lo cierto, y esto es importante, es que el ministro Simpertigue conoció de dos resoluciones que son muchísimo posteriores a la sentencia que da a lugar el reproche, dicho en otras palabras, la sentencia de la Corte Suprema que acogió el recurso de protección en contra de Codelco no tuvo la participación del ministro Simpertigue”, sostuvo.
CONFLICTOS DE INTERÉS
En el segundo capítulo, que cuestiona al juez por presuntos conflictos de interés en nombramientos notariales, Lizama indicó: “basta decir preliminarmente que don César Maturana fue nombrado notario interino en la primera notaría de San Miguel el 18 diciembre del año 2020. Y, por lo tanto, es cosa de recordar que el ministro Simpertigue asumió como ministro de la Corte Suprema el año 2022, y en esa calidad ya hay una cuestión ontológica en la que podemos decir: ¿cómo podría un ministro que ni siquiera está en la Suprema poder intervenir para un nombramiento de un notario interino”.
En el tercer capítulo, que responsabiliza al juez por supuestas faltas en el caso Fundamenta, el defensor también negó los cargos. “Resulta que en ese pleito, en ese litigio, no aparece en ninguna parte de las actuaciones procesales tendientes a ese recurso de casación de Fundamenta, los abogados señores Eduardo Lagos y Mario Vargas como patrocinantes, no están en el expediente, no son abogados de la causa, tanto así que después la empresa dijo que los contrató para otros fines, pero no para la defensa procesal del arbitrio en estudio”, manifestó.
A pesar de los argumentos de la defensa, la Cámara continuó con la acusación, dejando el proceso en manos del Senado.
Posteriormente, se designó a los diputados Carolina Tello (FA), Daniel Manouchehri (PS) y Jorge Rathgeb (RN) para presentar y fundamentar la acusación ante la otra cámara del Congreso.
