Por 66 votos a favor y 42 en contra la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el informe elaborado por la comisión investigadora que analizó el intento de compra por parte del Estado de la casa del expresidente Salvador Allende, ubicada en la calle Guardia Vieja de Providencia.
Respecto del rol que en ello tuvo el Presidente Gabriel Boric, el informe sostiene que hubo un intento por deslindar responsabilidades políticas.
Acusa que el jefe de Estado actuó en resguardo de su inmunidad política y calificó su explicación de que él desconocía las inhabilidades que finalmente hicieron fracasar la transacción como «inaceptable, comprendiendo su rol de jefe de Estado».
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Respecto de los asesores presidenciales, apunta a falencias en la información entregada tanto al Mandatario como a la jefa de la División Jurídico-Legislativa del ministerio secretaría general de la Presidencia (Segpres).
Esta última no habría advertido oportunamente un posible conflicto de interés derivado de la participación de autoridades constitucionales, a diferencia de lo que habrían detectado el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y el Ministerio de Bienes Nacionales.
«IMPROVISACIÓN INSTITRUCIONAL»
En términos generales, de acuerdo con el documento aprobado por la Cámara, en la fallida compra venta de la casa de Allende hubo deficiencias técnicas y jurídicas en el proceso. Además, cuestiona la gestión de los recursos públicos involucrados, ítem en el cual acusa «grave improvisación institucional».
Ello, porque inicialmente los fondos para la adquisición del inmueble estaban asignados al ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, pero luego fueron transferidos, a través de una instrucción presidencial de carácter interno, al de Bienes Nacionales.
El informe también plantea que hubo falta de documentación formal y alerta sobre la «evidente opacidad con que se adoptaron decisiones cruciales al más alto nivel político y administrativo del Estado».
Advierte, asimismo, que la operación no solo tenía como objetivo preservar el legado histórico de un exmandatario, sin que también podría constituir «una operación económicamente beneficiosa para su familia».
PROPUESTAS
Entre las medidas propuestas, el documento plantea revisar y regular el funcionamiento institucional del llamado Segundo Piso de La Moneda.
Del mismo modo, sugiere establecer mecanismos para que toda la información y comunicaciones entregadas por asesores presidenciales queden debidamente registradas.
Adicionalmente, la comisión solicita otorgar urgencia al proyecto que modifica la Ley 18.834, que aprueba el Estatuto Administrativo, para permitir la persecución de responsabilidades administrativas incluso en el caso de funcionarios que hayan dejado sus cargos.
