La Cámara de Diputados respaldó el informe que reconoce irregularidades en pensiones de gracia, entregadas a las víctimas del estallido social.
Esto se produjo después de que la Contraloría General de la República identificara diversas deficiencias en la entrega de estos beneficios.
Durante la investigación, se revisaron los 418 decretos que otorgaron pensiones de gracia por eventos ocurridos a partir del 18 de octubre de 2019, bajo los mandatos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric.
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Entre las irregularidades se identificaron 40 beneficiarios con antecedentes penales y 39 personas con lesiones leves, quienes recibieron pensiones vitalicias. El informe señala la falta de una instancia conformada por profesionales de la salud en el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y el Ministerio del Interior para acreditar las lesiones durante la selección de casos. Además, no intervino un órgano técnico especializado en la materia.
El informe sobre las irregularidades destaca la falta de objetividad en el procedimiento para verificar las afectaciones físicas y critica la incertidumbre sobre la permanencia en el tiempo del daño físico o psicológico, especialmente al otorgar beneficios vitalicios por lesiones leves.
IRREGULARIDADES
Se identificaron deficiencias en la Ley 18.056, que regula el otorgamiento de pensiones de gracia por el Presidente de la República. El informe cuestiona el uso de una norma que permite al Mandatario conceder el beneficio sin cumplir con todas las exigencias legales, señalando que todas las pensiones se otorgaron invocando esta causal.
Además, se critica la falta de consideraciones que justifiquen la concurrencia de casos calificados en los decretos, basándose solo en la invocación de normas y en el informe favorable de la Comisión Especial Asesora Presidencial, sin abordar la situación específica de los beneficiarios en relación con las lesiones sufridas.
El informe también señala problemas en los procedimientos del INDH, reconociendo su falta de competencia técnica como órgano calificador de la calidad de víctima en relación con la acreditación de lesiones y menoscabo laboral.
También se aborda el aumento del monto del beneficio, que pasó de casi $80.000 a $283.000 por lesiones leves, justificado como una respuesta efectiva de reparación a las víctimas del estallido social.
Finalmente, se detectaron problemas en el mecanismo de concesión de pensiones a través de la Ley de Presupuestos.
