El proyecto contra el nepotismo necesitaba tener al menos 77 votos a favor para avanzar en su tramitación en la Cámara de Diputados, pero solo obtuvo 64, además de 23 en contra y 36 abstenciones.
De este modo, no alcanzó el quorum constitucional exigido y la iniciativa que establecía una inhabilidad para el ingreso a cargos públicos de familiares de autoridades fue archivada.
La propuesta modificaba la Ley 18.575 orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Disponía la prohibición de ingreso a cargos de la administración del Estado a personas que tuviesen «calidad de cónyuge, conviviente civil, hijos o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad. Esto, cuando no cuenten con la idoneidad profesional acreditada para el cargo».
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El proyecto fue presentado por el exdiputado José Antonio Kast en 2017.
COSAS DE FAMILIA
Apuntaba al Presidente de la República, senadores/as, diputados/as, alcaldes/as, consejeros/as regionales, gobernadores/as regionales, delegados/as presidenciales regionales y provinciales, ministros y subsecretarios. Excluía los cargos asumidos mediante el Sistema de Alta Dirección Pública.
En sus fundamentos, establecía que en Chile no existe una regulación que impida los abusos en la designación de cargos públicos de personas con vínculos familiares con autoridades.
Sí destacaba que el Sistema de Alta Dirección Pública ha sido un aporte, pero aún insuficiente.
La iniciativa también consignaba que aún hay miles de cargos de confianza y designaciones en cargos a honorarios, a contrata e incluso de planta sujetos al criterio exclusivo de las autoridades.
Durante el debate, los parlamentarios a favor del proyecto contra el nepotismo argumentaron que en la administración pública hay mala gestión debido a contrataciones sin competencia. Propusieron que los postulantes ingresen mediante “perfil de cargos” que certifique su preparación.
Los que estuvieron en contra dijeron que es difícil determinar cómo se acreditará la idoneidad o hasta qué cargos aplicará y que se afectarían derechos laborales. Además criticaron la iniciativa como “discriminatoria y abusiva”, advirtiendo que podría “cercenar carreras a profesionales talentosos” solo por su parentesco.
