Con 64 votos a favor y 70 en contra, la Cámara de Diputados rechazó la Acusación Constitucional (AC) contra la exministra de Defensa Maya Fernández.
Recordemos que esta surge tras la frustrada compra por parte del Estado de la casa en Providencia que perteneció a su abuelo, el expresidente Salvador Allende, para transformarla en un museo.
Durante la jornada de ayer, la comisión revisora de la Cámara de Diputados ya se había manifestado en contra del libelo acusatorio y fue despachado a sala con informe negativo.
Fernández llegó a la Cámara de Diputados a enfrentar la acusación constitucional acompañada por los ministros del Interior, Álvaro Elizalde (PS); Educación, Nicolás Cataldo (PC) y la vocera subrogante Aisén Etcheverry(FA).
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La presencia de los secretarios de Estado fue criticada por la bancada republicana, impulsores de la acusación junto a parlamentarios de Chile Vamos.
Sin embargo, el secretario de la Corporación explicó que, “de acuerdo a nuestra Constitución, los señores ministros pueden asistir a cualquier sesión dentro de la Corporación, no es necesario que sean citados”.
Fernández renunció al gobierno el pasado 10 de marzo.
Ese mismo día parlamentarios de Chile Vamos y el Partido Republicano presentaron el recurso en la Cámara, apuntando a su responsabilidad en el contrato de compraventa.
El artículo 37 bis de la Constitución de la República establece que “durante su ejercicio, los ministros no pueden celebrar o caucionar contratos con el Estado”.
⭕️ Con 64 votos a favor y 70 en contra, la Cámara rechaza la procedencia de la acusación constitucional contra la exministra de Defensa, @Mayafernandeza.
Por lo tanto, el libelo no prosigue su tramitación. pic.twitter.com/QJs1vio3Gz
— Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) March 26, 2025
LA ACUSACIÓN
Por la parte acusatoria, el diputado Luis Sánchez (Rep) fue quien presentó los argumentos del escrito.
A su juicio, “la falsa premisa de que el contrato de compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende no se habría perfeccionado porque faltan los decretos aprobatorios de la Contraloría» es «una distorsión de nuestro ordenamiento jurídico y un intento de confundir a la ciudadanía».
«El contrato de compraventa no depende de un decreto de la Contraloría para estar perfeccionado. En nuestro derecho, para quienes no saben, la compraventa de un inmueble se perfecciona al momento en que se firma la escritura pública entre las partes», recalcó.
Además, calificó la transacción como “una vergonzosa operación de la familia Allende a costa del erario público, un plan de jubilación para la senadora (Isabel Allende, otra de las herederas del inmueble) y una pasadita para la exministra, donde se le metió la mano en el bolsillo a todos los chilenos”.
DEFENSA DE FERNÁNDEZ
Por su parte, la defensa de la exautoridad sostuvo que la responsabilidad política de un funcionario público cesa al abandonar el cargo.
Uno de los argumentos centrales es que no existió un contrato válido de compraventa entre la exministra y el Estado. Y que, aunque se firmó una escritura pública en diciembre de 2024, faltaron trámites administrativos esenciales como la aprobación del decreto, la toma de razón y la inscripción registral.
“Solo hubo actos preparatorios. Un ejemplo me permitirá ilustrar este punto. Si esta honorable Cámara vota hoy, en último trámite constitucional, un proyecto de ley, ¿significa que la ley existe? No. Se encuentra pendiente el trámite de la promulgación y la publicación. Una situación similar se presenta en este caso”, dijo Claudia Sarmiento, abogada de Fernández.
Enfatizó que “estamos en presencia de actos preparatorios de un acto que no se termina de perfeccionar. No hay opacidad, no hay engaño. Todas las acciones realizadas por el Poder Ejecutivo, por el Congreso, por la Contraloría, fueron transparentes y legalmente autorizadas en cada instancia. No obstante, hoy solo está acá doña Maya Fernández Allende, la nieta, pues Maya Fernández Allende ya no es ministra y continúa enfrentando esta acusación”.
La defesora también afirmó que la ministra no buscó enriquecimiento con el proyecto que buscaba convertir la vivienda del expresidente Allende en un museo: “Ella ha sido una servidora pública. No es empresaria. No inició un desarrollo inmobiliario a partir de la casa de su abuelo. Quien diga lo contrario, tiene la carga de acreditarlo. Sancionar a doña Maya Fernández Allende después de haber puesto su cargo a disposición, está teñido del amargo sabor de la venganza”.
