La senadora Fabiola Campillai se presentó en La Moneda con el propósito de entregar al gobierno un innovador proyecto de Ley de Reparación Integral destinado a las víctimas del estallido social.
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La parlamentaria presentó los detalles de su propuesta, que formalmente llevará al Senado el 10 de diciembre, coincidiendo con el Día de los Derechos Humanos.
La iniciativa busca atender a quienes sufrieron violaciones de derechos y daños físicos por acciones de fuerzas policiales o militares desde el 18 de octubre de 2019.
Campillai subrayó que esta propuesta “intenta proporcionar una respuesta que el Estado no ofreció en su momento, obligando a las víctimas a tomar la iniciativa en su propio proceso de reparación”.
EL PROYECTO
El proyecto fue concebido tras más de dos meses de trabajo en la «Mesa de Derechos Humanos por una Vida Digna», una instancia que la senadora convocó para conmemorar el quinto aniversario del estallido social. En su desarrollo, participaron diversas organizaciones de la sociedad civil, académicos y agrupaciones dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos.
El texto propone un marco legal para la reparación integral de las víctimas de violencia institucional, alineándose con los principios y compromisos internacionales. Reafirma la obligación del Estado de garantizar justicia y respeto absoluto por los derechos humanos.
PERÍODO DE APLICACIÓN
Esta iniciativa abarca el período del 7 de octubre de 2019 al 11 de marzo de 2022. Se considerará como víctimas a todas las personas que hayan enfrentado violencia sexual, tortura, apremios ilegítimos, lesiones de diversa gravedad, mutilaciones o castraciones, conforme a los delitos establecidos en los artículos 395 y siguientes del Código Penal. Además, se incluirá a las personas que hayan fallecido en el contexto de movilizaciones sociales, sin importar si estaban participando o no en las mismas, siempre que los hechos hayan sido perpetrados por agentes del Estado.
La propuesta incluye la creación de una Comisión de Verdad y Reparación. Tendrá siete miembros con experiencia en Derechos Humanos. Tres serán designados por el Presidente; cuatro, por organizaciones de víctimas.
FUNCIONES DE LA COMISIÓN
La comisión responsable establecerá un procedimiento de calificación de víctimas, considerando antecedentes judiciales, informes médicos y documentos de víctimas, familiares y organismos de derechos humanos.
La comisión reconocerá a las víctimas, quienes tendrán derecho a recibir una pensión, cuyo monto y forma de pago determinará la misma. Además, la comisión podrá ofrecer beneficios económicos adicionales a aquellas personas que califique como víctimas.
