El reloj corre en contra de Daniel Jadue. A menos de dos semanas del cierre del plazo para inscribir candidaturas parlamentarias, el Ministerio Público se prepara para presentar una acusación formal contra el exalcalde de Recoleta, lo que podría marginarlo de la próxima elección y truncar su retorno al Congreso.
La Fiscalía Metropolitana Centro Norte ya cerró la fase investigativa y notificó al 3° Juzgado de Garantía de Santiago que no requiere más tiempo ni audiencias para completar su trabajo. La investigación —iniciada en 2021— indaga presuntos delitos de corrupción relacionados con su rol en la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).
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CANDIDATURA EN LA CUERDA FLOJA
El escenario legal complica seriamente las aspiraciones políticas de Jadue. Si el Ministerio Público presenta la acusación antes del 18 de agosto, automáticamente perdería su derecho a sufragio debido a que la Constitución impide postular a cargos públicos a personas acusadas de delitos con penas aflictivas. Esto lo dejaría fuera de competencia parlamentaria incluso antes de iniciar campaña.
El Partido Comunista ya lo había definido como su carta por el distrito 9, actualmente representado por Karol Cariola, quien optará por un escaño en el Senado por Valparaíso. La posible inhabilitación de Jadue obligaría al partido a redefinir su estrategia electoral en un distrito clave del Gran Santiago.
LA DEFENSA CONTRAATACA: PIDEN MÁS TIEMPO PARA INVESTIGAR
Desde el equipo legal del exalcalde no dan la batalla por perdida. La defensora pública Yessica Aguilera —quien asumió su defensa el pasado 14 de julio— presentó un recurso para que se reponga la audiencia suspendida y se extienda el plazo de investigación, argumentando que no han podido revisar adecuadamente un expediente que supera los 100 tomos.
Aguilera sostiene que el volumen de la causa, sumado a la participación de múltiples actores públicos, exige más tiempo para ejercer una defensa efectiva. Además, ingresó una solicitud de audiencia de cautela de garantías, con la que busca presionar al Ministerio Público para autorizar nuevas diligencias antes del cierre definitivo.
“El rechazo a extender el plazo afecta el ejercicio del derecho a defensa y el principio del debido proceso”, se lee en el escrito judicial, que pone énfasis en la necesidad de una revisión exhaustiva para identificar diligencias pendientes y eventuales irregularidades.
CHOQUE ENTRE JUSTICIA Y CALENDARIO ELECTORAL
La sincronía entre el curso judicial y el calendario político vuelve a poner a Jadue en una posición frágil. Si se oficializa la acusación antes del 18 de agosto, su candidatura será jurídicamente inviable. Pero incluso si logra inscribirse y es acusado después, su postulación podría quedar en manos del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), abriendo un inédito litigio sobre su elegibilidad.
A menos de dos semanas del cierre del proceso electoral, el futuro de Daniel Jadue pende de una decisión judicial inminente. Mientras la Fiscalía se declara lista para acusar, su defensa busca estirar los tiempos. En este juego de plazos, agosto podría ser el mes que defina no solo su destino político, sino también el tono del debate electoral en la izquierda chilena.
