Política

Capitán Yáber femenina: Cordero no ve privilegios para Vivanco

Mario López M. Periodista

Crédito: Ilustración generada digitalmente (imagen referencial)
El ministro de Seguridad descartó que la exsuprema Ángela Vivanco esté recibiendo un trato especial en el módulo penitenciario donde cumple prisión preventiva, y afirmó que su reclusión responde a criterios de seguridad, no de privilegio.

Cordero sobre “Capitán Yáber femenina” no ve privilegios para Vivanco. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió a la situación penitenciaria de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco en el llamado “Capitán Yáber femenino”.

Cordero cuestionó la percepción de que la exmagistrada estaría en una situación de privilegio dentro del sistema penal. Sus declaraciones se producen en medio del proceso penal en contra de Vivanco por presuntos delitos de cohecho y lavado de activos.

EL COMENTARIO DEL MINISTRO

El ministro afirmó que es difícil sostener que esté en una situación de privilegio en la Cárcel de Mujeres de San Joaquín.

Cordero señaló que el espacio donde actualmente está la exministra —cuyo ingreso depende de decisiones judiciales— se define por criterios de seguridad y separación, más que por condiciones de favor. En ese contexto, sostuvo que la percepción de trato preferencial “no cuadra con la situación”.

El secretario de Estado ha enfatizado previamente que este episodio es de alta gravedad institucional. La detención y formalización de una exintegrante del máximo tribunal es un hecho sin precedentes en la historia del Poder Judicial chileno.

¿QUÉ ES EL “CAPITÁN YÁBER FEMENINO”?

El llamado “Capitán Yáber femenino” es un módulo habilitado en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de San Joaquín. Se creó para recibir a mujeres imputadas por delitos de alta connotación pública o que requieren medidas de seguridad específicas.

Este espacio fue adaptado a partir de dependencias que anteriormente tenían otro uso. No forma parte de la población general del CPF. Según reportes locales, la habilitación responde a una necesidad histórica de contar con secciones de reclusión segregadas para mujeres en circunstancias similares.

La existencia de este módulo ha generado debate en algunos sectores del sistema de justicia. Esto, aunque autoridades han explicado que se rige por criterios de riesgo y resguardo, no por privilegio de trato.

CASO VIVANCO

La exministra Ángela Vivanco, quien fue parte de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Chile, fue encarcelada por órdenes del 7° Juzgado de Garantía de Santiago en el marco del caso denominado “Muñeca Bielorrusa”.

Ese proceso investiga presuntos delitos de cohecho y lavado de activos relacionados con decisiones judiciales a favor del Consorcio Bielorruso Belaz Movitec durante litigios con la estatal Codelco. La formalización de cargos ha sacudido al sistema de justicia chileno.

Cordero y otros organismos han destacado que esta situación tiene un impacto institucional profundo, ya que afecta la percepción de independencia y credibilidad del Poder Judicial. El ministro ha señalado que hechos de esta naturaleza no tienen comparables claros en la historia reciente del máximo tribunal.

DEBATE PÚBLICO Y POLÍTICO

Las declaraciones de Cordero también se inscriben en un debate más amplio sobre cómo las autoridades gestionan casos que involucran a personas de alto perfil. El impacto político y mediático ha sido destacado tanto por críticos como por defensores de las investigaciones judiciales en curso.

En ese contexto, el ministro ha subrayado que el foco no debería limitarse a las percepciones o imágenes, sino al conjunto de acciones que llevaron a este punto en el proceso penal.

La discusión también toca temas sobre la igualdad de trato ante la ley y cómo deben gestionarse las medidas cautelares para personas que han ocupado cargos públicos de alta responsabilidad.

EL IMPACTO INSTITUCIONAL

Cordero ha advertido que la detención de Vivanco y su permanencia en un módulo especial compromete percepciones de transparencia y confianza en el sistema judicial. Aunque enfatizó que el trato en recintos de seguridad se basa en criterios objetivos, reconoció que la situación es compleja y sensible para la institucionalidad democrática.

Expertos que han comentado estos hechos coinciden en que en casos de alto perfil, el análisis debe abordar tanto el aspecto jurídico como el impacto en la confianza pública.

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