«Miguel Crispi le omitió información sobre Democracia Viva al Presidente Boric», aseguró el exseremi de Vivienda de Antofagasta Carlos Contreras, quien se encuentra en prisión preventiva tras ser acusado de fraude al fisco en el marco de esta arista del caso Convenios.
En entrevista publicada este domingo por La Tercera, Contreras abordó su participación en este escándalo y reiteró que «no he robado nada y tampoco he hecho un mal uso de los recursos públicos destinados a las personas que viven en campamentos», asegurando que su compromiso con ellos «era el mayor».
Asimismo, al igual que en su declaración ante Fiscalía en enero pasado, el exmilitante de Revolución Democrática -partido del que fue expulsado- acusó presiones ejercidas por Verónica Serrano, arquitecta encargada del programa de Asentamientos Precarios y tía del jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi.
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«No existía ningún interés particular por trabajar con ninguna organización. Aquí hay una exigencia desde el nivel central de hacer una mayor ejecución presupuestaria a través de una alta jefatura, que es Verónica Serrano. Ella impulsa una ejecución veloz de este presupuesto, que había sido triplicado por la administración anterior. Y es ella, además, la que mantiene la metodología de trabajo que venía», analizó el imputado.
En esta línea, afirmó también que la aludida «valida el modus operandi que tuvo la jefatura de Asentamientos Precarios en todo Chile y que posteriormente Contraloría define como irregular», por lo que «dada la instrucción y presión para avanzar con celeridad, nace la urgencia de buscar nuevas organizaciones».Contr
Respecto al envío de antecedentes del caso a Presidencia, Contreras indicó que aunque «no tiene certezas» de la autoridad que los recibió, sus «suposiciones, en virtud de lo que he escuchado públicamente y del conocimiento interno y externo que tengo, es que se envió a Miguel Crispi, porque es él mismo quien en la comisión investigadora de la Cámara dice que se entera, ‘a través de un rumor’, del caso».
«Luego, él dice que le solicita a la subsecretaria mayor información, que por favor investigue. Eso él dice que ocurre el 7 de junio. Él establece que hay un diálogo con Tatiana Rojas. Y el mismo día, Tatiana Rojas me dice a mí que está enviando el correo», analizó en diálogo con el medio antes citado.
«Entonces, con todo el respeto que le tengo a Tatiana, y me duele poner este punto, no tiene sentido que me lo haya dicho solo por ponerme presión, como se ha dicho públicamente, porque lo dice después de que yo ya había entregado toda la información que me solicitó», añadió.
Crispi le omitió información al Presidente
La exautoridad de Vivienda estima que sí se le ocultó información al Presidente Gabriel Boric sobre este bullado caso, apuntando a Crispi como el responsable principal de eso.
«En función de hechos que me constan, creo que, efectivamente, Miguel Crispi le omitió información al Presidente y luego le omitió información a la comisión investigadora de la Cámara. Eso es lo que creo al día de hoy. Porque independiente de lo que se haya dicho de los WhatsApp, la información referente a que la subsecretaria envió los datos a La Moneda y el reconocimiento de Crispi de que estaba en diálogo con Tatiana Rojas no deja lugar a dudas», puntualizó Contreras.
Además, señaló que le «duele en el alma contradecir a la subsecretaria, pero yo creo que ella está haciendo de pararrayos de Miguel Crispi y Verónica Serrano».
En el caso del ministro de Vivienda, Carlos Montes, el exsubsecretario indicó que aunque no le consta la información que pudo recibir el secretario de Estado, no tiene «ninguna razón para pensar que haya tenido información previamente».
«Lo que sí sé es que jamás conversamos del tema de los convenios, ni individualmente ni tampoco en alguna de las grandes instancias que se generaban en el ministerio», comentó a La Tercera.
Finalmente, Contreras -que está a la espera de la revisión de sus cautelares el próximo 20 de febrero- cuestionó las defensas que han recibido Serrano y Crispi en medio del avance de las indagatorias, además de considerar que se encuentra en prisión preventiva «por razones políticas, comunicacionales».
