«Personalmente yo no recibí ningún documento que informara sobre los problemas de legalidad o de constitucionalidad de este proceso de compra», dijo Carlos Durán, jefe de gabinete del Presidente Gabriel Boric, en su comparecencia en la Comisión Especial Investigadora (CEI) de la Cámara de Diputados por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.
«Y por supuesto, si yo hubiera tenido a la vista, de alguna manera, estas inhabilidades, lo hubiera indicado inmediatamente», agregó.
Especificó que tenía dos razones para haber actuado si hubiese conocido de antemano la situación.
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«Si yo, personalmente, como jefe de gabinete de la Presidencia, hubiera tenido conocimiento de algún tipo de ilegalidad o inconstitucionalidad potencial, por supuesto que lo hubiera informado y esto se hubiera detenido. Es una primera razón que tiene que ver con una cuestión de principios», aseguró.
«Pero, en segundo lugar, hay una cuestión procedimental, hay controles de la Contraloría. Hay controles de legalidad externos que operan y operan eficientemente», añadió.
“No recibí en ningún momento información relativa a las inhabilidades o consecuencias constitucionales que este proceso podía generar, ni por parte de los equipos de Presidencia, ni de otros funcionarios de gobierno, ni en terceras personas”, aseguró Durán ante los integrantes de la CEI.
«UN INTERÉS MAYOR»
Durán explicó que la compra de la propiedad para convertirla en museo se relacionaba con “un interés mayor, consistente en la puesta en valor y reivindicación de la memoria y del patrimonio respecto a nuestra historia reciente”.
Detalló que el proceso fue objeto de seguimiento por parte del equipo de políticas públicas de la Presidencia, tarea que fue ejecutada por un equipo de asesores que “no cuentan con potestad administrativa, sino que se encuentran mandatados para recibir información relevante y prestar asesoría respecto al cumplimiento del programa y de los compromisos del gobierno”.
«La iniciativa de adquisición de la casa de Guardia Vieja no fue un error. La forma en que se llevó a cabo no fue la correcta y sobre esto se han expuesto particularmente el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa», aclaró Durán ante la CEI.
«Esto es una idea que al gobierno le parece correcta, legítima, pero que en su desarrollo, sobre todo en la falta probablemente como señaló el ministro de Bienes Nacionales de perspectiva respecto a consecuencias eventuales futuras, ahí hubo problemas de implementación que hay que reconocer”, aseguró.
Recordemos que la operación no se concretó porque dos de las propietarias del inmueble estaban impedidas constitucionalmente de celebrar ese tipo de contratos con el Estado: Maya Fernández e Isabel Allende.
Derivado de la fallida operación la primera debió renunciar a su puesto como ministra de Defensa y su tía perdió su escaño en el Senado al ser destituida por el Tribunal Constitucional.
REACCIONES
Tras su presentación, el diputado PPD y miembro de la CEI, Raúl Soto, valoró su disposición: “A mí me pareció una presentación sólida la de Carlos Durán. Primero es destacable que haya accedido voluntariamente y de forma muy proactiva y transparente a prestar su declaración. Eso da cuenta de una actitud colaborativa que se debe valorar”.
Soto destacó que “respondió absolutamente todas las preguntas” y que su testimonio “ha contribuido sin duda a ir despejando la situación también”.
El parlamentario finalmente recalcó que “han habido responsabilidades importantes de exministros y ministras, de funcionarios públicos de distintos rangos que han tenido que dar un paso al costado”, y recordó que hay sumarios administrativos y causas judiciales en curso.
“Lo más importante es que los procedimientos administrativos, jurídicos y políticos se están corrigiendo para que situaciones lamentables como esta, que representan un grave error, no se vuelvan a repetir en el futuro”, concluyó.