La polémica compra venta de la casa del expresidente Salvador Allende sigue generando controversias. Recordemos que este sábado se reveló el pinchazo al teléfono del exasesor de La Moneda Miguel Crispi, donde se daban a conocer nuevos antecedentes. Ahora se detalló la declaración de la exministra Maya Fernández a Fiscalía.
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La mañana del martes 4 de marzo, Maya Fernández, entonces ministra de Defensa Nacional, declaró ante la Fiscalía en calidad de imputada por posible tráfico de influencias en la fallida compra de la casa de su abuelo.
En su declaración, Fernández afirmó haberse mantenido al margen del proceso y haber sido informada principalmente por su tía, la exsenadora Isabel Allende, sin participar directamente en las decisiones.
LA CASA SERÍA UN MUSEO
La propiedad en cuestión, familiar de Fernández, fue considerada para convertirla en un museo. Esto, en el marco del aniversario del golpe militar. La compra fue aprobada en la Ley de Presupuestos de 2024 para ambos inmuebles de los expresidentes Allende y Aylwin. La exministra detalló que, durante 2023, se dedicó a sus funciones en Defensa y que los temas técnicos relacionados con la compra estaban en manos del Ministerio de Cultura y luego del Ministerio de Bienes Nacionales, sin su participación activa.
Fernández explicó que su papel en el proceso fue principalmente informativo y que no tuvo injerencia en decisiones clave. Como la entrada del abogado Felipe Vio, pareja de su prima Marcia Tambutti, en representación de la familia. Ni en la entrada de Genaro Cuadros, quien participó en la gestión inmobiliaria. Además, negó haber presionado para agilizar la compra ni conocido las modificaciones en la forma de pago, que incluyeron la emisión de un solo cheque a nombre de Vio.
Respecto a las tasaciones, indicó que fue informada por Vio sobre las diferencias entre las valoraciones realizadas por Cultura y Bienes Nacionales. Y que no tuvo conocimiento de cambios en el proceso o en la estrategia de pago. También afirmó que nunca involucró a su equipo del Ministerio de Defensa. Ni realizó gestiones para acelerar la adquisición, y que desconocía la existencia de prohibiciones constitucionales para celebrar contratos con el Estado.
Fernández aclaró que se enteró de los problemas en la compraventa recién el 2 de enero de 2025. Cuando vio noticias en medios, y que desde entonces solicitó información a su tía. La declaración refuerza su postura de que su participación fue limitada y que el proceso fue llevado a cabo por otros actores del gobierno y la familia, sin su intervención directa.
