«Las consecuencias que ahí se determinen y las responsabilidades asociadas se van a hacer valer», recalcó la ministra vocera, Aisén Etcheverry, respecto de la nueva arista en torno a la fallida compraventa de la Casa de Salvador Allende, donde el ministerio de la Culturas habría sido una de las entidades que alertó de las eventuales incompatibilidades jurídicas en la adquisición.
«Son procesos en curso administrativos de la fiscalía, del Tribunal Constitucional, todos aquellos con colaboración de parte del gobierno. Y, como ha ocurrido en todas las ocasiones, si se establecen responsabilidades de la naturaleza que sea, esas responsabilidades se van a hacer valer. Igual como se hizo en enero de este año con la salida de la exministra Sandoval», dijo la secretaria de Estado.
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«Esos procesos tienen que desarrollarse de la manera adecuada, siguiendo sus plazos, sus procedimientos, su independencia», añadió.
» Es por eso que no comentamos las filtraciones que salen a la prensa, porque es importante resguardar que esas investigaciones lleguen a puerto», recalcó Etcheverry.
La vocera destacó que el proceso aun no finaliza y, por lo tanto, lo que debe continuar son las investigaciones correspondientes.
“Hemos colaborado activamente con todas las diligencias de investigación para respetar que la discusión se dé en ese espacio y no incidir en sus resultados. Hay que dejar que las instituciones funcionen y que puedan esclarecer todos los aspectos vinculados con esta situación lo antes posible”, aseveró.
APRENSIONES
En concreto, el ministerio de la Culturas fue una de las reparticiones que tuvo a la vista las complicaciones de la adquisición a la senadora Isabel Allende y a la ministra de Defensa, Maya Fernández, ambas herederas de la propiedad e impedidas por ley a celebrar contratos con el Estado mientras ocupen cargos públicos.
Según publicó La Segunda, fue la jefa de gabinete del Servicio Nacional de Patrimonio, Paz Carmona, quien envió un documento con sus aprensiones al respecto al jefe de gabinete de la ministra.
