El pasado lunes 6 de enero el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella criminal ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago contra el cuestionado abogado Luis Hermosilla, apuntándolo como autor del delito de tráfico de influencia en la arista Parque Capital del caso Audios.
El CDE argumentó la acción debido a la investigación centrada en el período en que Hermosilla se desempeñó como asesor externo del Ministerio del Interior durante el segundo gobierno del exPresidente Sebastián Piñera.
En un comunicado, el organismo apuntó al interés económico directo que mantenía el jurista en los negocios del Grupo Patio, liderado por los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff.
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Agregaron que con los empresarios «mantenía una estrecha relación de amistad, profesional y económica, ejerció influencias indebidas respecto de otros funcionarios que debían resolver permisos y autorizaciones en favor del referido grupo, todo ello en un claro contexto de violación del principio de probidad funcionaria».
Además, la querella se dirigió contra todos quienes resulten responsables, ya sea en calidad de autores, cómplices o encubridores del delito contra Hermosilla. Además, se están investigando otros eventuales delitos como el cohecho agravado, revelación de secretos, falsificación de documento público y/o privado, entre otros.
En ese sentido, justamente durante esta jornada el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago formalizó al abogado por el delito antes mencionado. Asimismo, el tribunal rechazó la solicitud de sobreseimiento que había sido ingresada por la defensa de Hermosilla.
En la audiencia se le preguntó al jurista si entendía los delitos que se le estaban imputando, a lo que rompió su silencio y dijo «los comprendo y el Ministerio Público miente severamente».
Posteriormente su defensa, su hermano Juan Pablo Hermosilla, expresó que «es una resolución que no resuelve nada en forma definitiva (…) creo que la parte más importante la dijo al final la magistrada, que fue la frase de que también creo que aquí puede haber otros funcionarios públicos que hayan cometido delitos».
