«Uno denuncia hechos constitutivos de delito, y solo quiero recordar que cuando se denuncia un hecho que no es constitutivo de delito y se utiliza el sistema penal con un propósito distinto, eso a su vez constituye un delito que se llama denuncia calumniosa», advirtió el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, ante la arremetida judicial que afronta por una supuesta «omisión de denuncia» en el caso de Bernarda Vera.
El bullado caso salió a la luz con un reportaje periodístico de Chilevisión según el cual la mujer, incluida en el listado de detenidos desaparecidos del Informe Rettig, actualmente estaría viva y residiendo en Argentina. Esto derivó en la presentación de tres denunciasen contra del secretario de Estado.
«Entiendo que (la denuncia de hoy) no es la única presentación. No tengo mucho más que agregar, salvo que espero que esas acciones no sean concertadas», enfatizó.
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«Si acciones de esas características, como las que presentó el diputado Alessandri el día de hoy con otras, son evidentemente concertadas, a mí me parece un negacionismo vergonzoso», agregó.
Respecto de la querella criminal anunciada por el Partido Nacional Libertario que además apunta directamente en contra de la hija de Bernarda Vera por presunto cobro malicioso de pensión, Cordero la calificó como «una falta de humanidad poco vista en los últimos tiempos en nuestro país».
TRES REQUERIMIENTOS
El primer requerimiento contra el ministro -por omisión de denuncia- fue presentado por la Fundación Fuerza Ciudadana, ligada al Partido Republicano. El segundo vino del diputado Jorge Alessandri (UDI). El tercero es una querella criminal del Partido Nacional Libertario por prevaricación administrativa por omisión.
El representante de Fuerza Ciudadana, Raimundo Palamara, exigió «verdad y justicia, y que se investigue a todos los responsables, porque la memoria histórica y la probidad del Estado no sean nuevamente vulneradas, enriqueciendo permanentemente a falsos exonerados en perjuicio del pueblo»
En tanto, Alessandri afirmó que «los funcionarios públicos tienen una obligación: cuando toman conocimiento de un hecho que reviste caracteres de delito, tienen que denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público», alegó Alessandri.
Por su parte, el abogado del Partido Nacional Libertario, Maximiliano Murad, fustigó que «ellos no están ahí, los funcionarios públicos, para decidir si quieren o no denunciar los delitos. Tienen que hacerlo por obligación legal. No olvidemos que el artículo 175 del Código Procesal Penal los obliga a ellos, y el artículo 61 del Estatuto Administrativo también».
