“Yo de la primera noticia que tuve de esto fue en mayo del 2024, no tengo antecedentes de que el Estado de Chile hubiera recibido información sobre este caso antes de esa fecha, al menos en el marco del Plan Nacional de Búsqueda”, aseguró el ministro de Seguridad Pública y ex titular de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, ante los cuestionamientos tras conocerse el caso de quien hasta ahora era considerada detenida desaparecida durante la dictadura de Augusto Pinochet -Bernarda Vera-, que en realidad ha estado todo este tiempo viviendo en el extranjero.
“Cuando las primeras indagaciones de la investigadora Pascale Bonnefoy dieron indicios de que el relato asociado a la situación del hecho ocurrido en Liquiñe no era relativamente consistente pese a la calificación que ya existía por el informe Rettig, fue comunicado en mayo del 2024″, detalló la autoridad.
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“A partir de esa fecha, el equipo del programa de Derechos Humanos y a cargo el Plan Nacional de Búsqueda emitió oficios reservados a distintas instituciones, entre ellas la PDI, Acnur y el ministerio de Relaciones Exteriores”, agregó.
EXTREMA RESERVA
El ministro especificó que la información sobre el caso se manejó con extrema reserva y que comunicaron los antecedentes a la única hija de la mujer en enero de 2025.
«Este caso es muy importante porque uno no debe perder de perspectiva el cuidado especial con los familiares de las víctimas. La hija de Bernarda Vera ha tenido apoyo y entrevistas por parte del programa», detalló Cordero.
«Sería redundar en el dolor insistir públicamente sobre un hecho de estas características. Hay que resguardar la verdad, pero también el dolor de los familiares”, enfatizó.
“Nosotros entendemos que ella y su familia han actuado no solo de buena fe, sino con total desconocimiento de esta situación. Todos debiéramos actuar con respeto y extrema prudencia”, afirmó el secretario de Estado.
Cordero fue consultado por qué no se denunció la situación de Vera antes ante la justicia, y aseguró que los oficios enviados a distintas instituciones entre 2024 y 2025 no arrojaron resultados concretos, hasta que el Estado sueco entregó la confirmación de residencia de la mujer en mayo de este año.
Reconoció, también, que “hay antecedentes” de errores en calificaciones históricas en esta materia.
“Lo que sí el Estado de Chile tiene conocimiento es que hay muchas víctimas no calificadas, o que bien sus calificaciones fueron rechazadas en la Comisión de Verdad y Reconciliación, y que luego mediante la construcción de trayectorias se ha podido detectar errores. No es posible hoy retirar administrativamente a víctimas del listado del informe Rettig”, aclaró.
EL CASO DE BERNARDA VERA
Hace más de cinco décadas Bernarda Vera fue inscrita en la lista oficial de detenidos desaparecidos del régimen de Augusto Pinochet y su nombre figura en el Informe Rettig entre las mil 162 víctimas cuyo paradero sigue siendo desconocido.
Ahora, reportajes de Chilevisión y del sitio Reportea aseguran que la mujer estaría viva, en Argentina, lo que deja en entredicho al Gobierno y al Plan Nacional de Búsqueda.
Según el Informe Rettig, Tomo III, era profesora primaria, militante del MIR y del Movimiento Campesino Revolucionario, y fue detenida el 10 de octubre de 1973 en Trafún, región de Valdivia.
La información fue que habría sido ejecutada junto a otros prisioneros en el puente Villarrica, sobre el río Toltén. Desde entonces, se la consideró desaparecida.
