La Fiscalía de Atacama formalizará el próximo 28 de mayo a otras cinco personas por delitos de corrupción, en el marco del llamado Caso Convenios —incoado en Copiapó— y que tramita el persecutor Luis Miranda Flores, en cuya trama aparecen una serie de funcionarios públicos, algunos de ellos militantes radicales y otros ligados al Partido Socialista.
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Dicha información consta en la resolución adoptada por el Juzgado de Garantía de esa ciudad el pasado 21 de abril, firmada por la titular María Asunción De La Barra, a la que accedió Informe Especial, y que estaría vinculada —en particular— a la arista de la Fundación Comprometidos, en la que a inicios de abril ya fueron formalizados otros cuatro imputados, de los cuales dos se encuentran actualmente en prisión preventiva.
De acuerdo al documento, el Ministerio Público sumará a ese grupo a Lizza Aravena Briceño, exjefa del Fosis en Antofagasta y actual jefa de gabinete del Gobernador Regional, Ricardo Díaz (IND-exRD). Este último fue duramente cuestionado por la Contraloría en 2023, luego que se descubrieran traspasos del GORE a ONGs como ProCultura, antecedentes que fueron enviados al Ministerio Público y se sumaron a la investigación en curso.
MÁS IMPUTADOS
En el listado de nuevos imputados aparece también el abogado David Blanco Urzúa, miembro del estudio Grupo Blanco, quien además fungió como coordinador del conglomerado “Chile Digno” en el primer proceso constituyente, y que según la página web de Fundación Comprometidos fungía como el jurista de la ONG.
Le sigue Hugo Landauro Henríquez, ligado comercialmente a un colegio de adultos que lleva su nombre, pero que oficiaba como contralor de la entidad.
Asimismo, en la decisión judicial se apunta como imputado a Ramiro Moreno Valenzuela, un profesional del Gobierno Regional de Arica, encargado de revisar y evaluar uno de los proyectos cuestionados.
Por último está incluido el militante del Partido Socialista (PS) y funcionario del GORE de Antofagasta, Ángel González Salvatierra.
Con todo, la magistrada advirtió a los futuros formalizados que tienen la obligación de presentarse el día de la comunicación de cargos, a fines de mayo, ya que una «falta de comparecencia injustificada a la audiencia podrá dar lugar a despachar orden de detención en su contra”.
