El caso Monsalve vuelve a poner a La Moneda en una situación compleja, luego de que la denunciante del exsubsecretario del Interior presentara una demanda laboral contra el gobierno, acusando una violación a sus derechos fundamentales.
Este hecho se enmarca dentro de la denuncia por violación contra Manuel Monsalve y la actuación de diversos órganos del Estado en torno a este caso.
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Se acusa a la Subsecretaría del Interior de negligencia, alegando que no se tomaron medidas frente a los actos denunciados, lo que afectó la integridad psíquica, física y los derechos laborales de la víctima. La demanda fue admitida por el Segundo Juzgado Laboral y de Letras de Santiago, tras la presentación de los abogados Rodrigo Azócar y Romina Urzúa, quienes representan a la denunciante.
COMUNICADO
Los abogados, en un comunicado público, señalaron que la denunciante no busca una compensación económica, sino más bien declaraciones y medidas que prevengan futuras vulneraciones en el ámbito laboral público.
En relación con esta situación, el actual subsecretario del Interior, Luis Cordero, mencionó que «Las reflexiones, los mea culpa, las medidas que se han adoptado, las omisiones que pudieron haber existido, son todos antecedentes que han sido entregados a la Comisión Investigadora».
«Solo decir y recordar que la víctima ha sido una permanente preocupación por parte del Ejecutivo, y particularmente del Ministerio del Interior, y ella mantiene su contrato vigente con el Ministerio del Interior», agregó.
POSIBLES CONSECUENCIAS
Si se comprueba que la denunciante sufrió violaciones a sus derechos fundamentales, podría recibir una compensación económica por los daños, lo que implicaría una carga financiera para el Estado y multas que el Fisco tendría que pagar.
Cabe señalar que una de las ideas que La Moneda reforzó durante las semanas posteriores a que se conociera la denuncia contra Monsalve fue que no hubo un proceso interno que permitiera alertar sobre el hecho.
NORMATIVAS
En medio de este escenario, surgen preguntas sobre qué normativas podrían evitar este tipo de situaciones.
Una de las principales iniciativas en este sentido es la Ley Karin, que entró en vigor en agosto de 2024, en conjunto con la implementación del convenio 190 y la ley 21.675 sobre prevención y erradicación de la violencia contra la mujer.
Estas normativas buscan garantizar espacios laborales libres de violencia y acoso.
REACCIONES
Diversas personalidades políticas se han pronunciado sobre la denuncia. El presidente de la Comisión Especial Investigadora del Caso Monsalve, el diputado Miguel Mellado (RN), expresó que los actos y omisiones mencionados por la víctima «Serán importantes para las conclusiones finales que vamos a tener».
Por su parte, la diputada y jefa de bancada independiente-PPD, Camila Musante, comentó que «El gobierno tiene que tomar las medidas necesarias respecto al protocolo de acción en torno a denuncias por delitos sexuales».
«Sin duda, desde la Comisión Especial Investigadora vamos a hacer recomendaciones en esta línea. A propósito de los testimonios de los funcionarios de gobierno que asistieron a la comisión, muchos de ellos declararon no conocer el protocolo que había que seguir», agregó.
Según explican en el Palacio de La Moneda, en este caso, al interponerse una medida prejudicial, el Consejo de Defensa del Estado asumió la causa, actuando en representación del Fisco.