Las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela llegaron a un punto de ruptura tras el asesinato del ex teniente venezolano Ronald Ojeda en Santiago.
Este viernes la tensión llegó a su punto máximo culminando con el anuncio del gobierno de Nicolás Maduro de cerrar sus consulados chilenos en Caracas y Puerto Ordaz.
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A mediados de febrero del 2024, el exteniente venezolano Ronald Ojeda, refugiado en Chile, fue secuestrado y posteriormente hallado sin vida en Santiago.
La Fiscalía chilena señaló que el crimen tenía un móvil político y apuntó a la posible responsabilidad del gobierno de Nicolás Maduro, a través del líder chavista, Diosdado Cabello.
Asimismo, el fiscal nacional, Ángel Valencia, confirmó que existen sólidos indicios que vinculan a agentes del Estado venezolano con el secuestro y posterior asesinato de Ojeda.
REACCIONES DE LOS GOBIERNOS
Bajo esa línea, la ministra del Interior, Carolina Tohá, expresó la preocupación del gobierno chileno y reafirmó su compromiso de buscar justicia para Ojeda.
Además, señaló que el Gobierno da su total respaldo a las diligencias e investigaciones realizadas por la Fiscalía pero que «no consideramos que romper relaciones con otros estados sea una buena fórmula para resolver diferencias de ningún tipo», intentando calmar la situación.
En respuesta, el canciller venezolano, Yvan Gil, rechazó categóricamente las acusaciones y denunció que Venezuela era víctima de una “campaña de difamación política”, aumentando la tensión entre ambas naciones.
Incluso señaló que las relaciones diplomáticas con Chile están rotas desde agosto del 2024.
Gil se refirió a los dichos de Tohá quien rechazó la posibilidad de romper relaciones con Venezuela pese a esta investigación del Ministerio Público que los apunta.
A estas declaraciones se suman las de figuras del Partido Comunista, como Lautaro Carmona, quien aseguró que «no cree que Nicolás Maduro esté detrás del crimen».
ANUNCIO ANTE LA CPI
A raíz de esta información, el gobierno chileno anunció que recurrirá a la Corte Penal Internacional (CPI) para exigir una investigación sobre el caso Ojeda y la posible implicación del régimen de Maduro.
Mientras tanto, en Chile continúa la investigación sobre el crimen organizado con un enfoque especial en la banda delictiva conocida como «Los Piratas de Aragua», vinculada al asesinato de Ojeda.
A varias personas las formalizaron por su relación con esta organización, la cual tiene fuertes lazos con redes criminales venezolanas.
El quiebre diplomático entre ambos países marca un antes y un después en la relación bilateral, generando incertidumbre sobre el futuro de la cooperación en temas migratorios y de seguridad.
La decisión de Chile de acudir a la CPI podría desencadenar nuevas represalias por parte del gobierno de Maduro, agravando aún más la crisis diplomática. Además, se esperan decisiones por parte de ambas naciones en cuanto a nuevas estrategias frente al deterioro de sus relaciones bilaterales.
