La Fundación ProCultura fue fundada en 2009 por la fotógrafa y gestora cultura Ilonka Csillag y el psiquiatra Alberto Larraín, quienes actuaban como presidenta ejecutiva y director ejecutivo, respectivamente. El trabajo de la fundación estaba centrado en el vínculo entre la gestión de proyectos de patrimonio cultural e inmaterial y el desarrollo sostenible de comunidades a lo largo de Chile.
Lea También: ProCultura: La polémica interceptación telefónica que involucra al círculo cercano de Boric
Desde 2023 ProCultura está involucrada en el denominado Caso Convenios, un escándalo político surgido luego de la denuncia de irregularidades en los convenios de prestación de servicios entre reparticiones del Estado y diferentes organizaciones no gubernamentales a cargo de proyectos de desarrollo cultural y urbano.
En 17 de noviembre de 2023 ProCultura anunció su cierre inmediato y definitivo, acusando un “irreparable daño patrimonial y reputacional” por el cuestionamiento a su trabajo después del llamado Caso Fundaciones.
PINCHAZOS Y FILYTRACIONES
El caso arrancó hace casi dos años. Pero esta última semana, las filtraciones por goteo de conversaciones telefónicas -‘pinchadas’ por la policía por orden del fiscal Patricio Cooper- y publicadas profusamente por la prensa, han puesto a ProCultura en el centro de la agenda nacional.
En una de ellas, divulgada por Canal 13, se reveló un diálogo privado, del 14 de octubre de 2024, del Presidente Gabriel Boric con Josefina Hunneus, quien fue su psiquiatra y es exesposa de Larraín. Si bien era Hunneus la ‘escuchada’, como abordaron la situación de la ONG, los investigadores grabaron a Boric.
Tanto el pinchazo como su divulgación han provocado un fuerte debate. Hunneus presentó un recurso de amparo y el Frente Amplio habló de “espionaje político”, una definición de la que su candidato presidencial, Gonzalo Winter, se desmarcó: “Prefiero no usar esa expresión”.
NO SOLO EL FRENTE AMPLIO
Desde que se abrió la investigación en contra de Procultura, los dardos han apuntado a los vínculos que mantenía la fundación con sectores del oficialismo, particularmente con figuras del Frente Amplio.
En parte, son esos vínculos los que hacen sospechar a la Fiscalía sobre un eventual financiamiento irregular de campañas políticas. Sin embargo, las redes que tejió el fundador de Procultura, Alberto Larraín, fueron mucho más allá del oficialismo.
Prueba de ello, son los antecedentes que se investigan en la arista de Valparaíso. En la región, Procultura desarrolló al menos 26 proyectos. Uno de ellos se ejecutó en el marco del Programa de Asentamientos Precarios, por el cual se desembolsó $248 millones.
MILLONARIO CONVENIO
Las gestiones del millonario convenio habrían sido empujadas por Gonzalo Vega, jefe de gabinete del entonces ministro de Vivienda, Felipe Ward. Según declaraciones contenidas en la carpeta investigativa, Vega sería una de las figuras de oposición cercanas al psiquiatra Larraín.
“Gonzalo y Alberto ya se conocían, posterior a la reunión ambos se acercaron más, manteniendo una amistad, recuerdo haber compartido con Gonzalo en un cumpleaños de Alberto Larraín”, se lee en el testimonio entregado por María Constanza Gómez, exrepresentante legal de Procultura, en febrero pasado.
Esa versión es coincidente con la que entregó la exmano derecha de Larraín, Francisco Fuentes, quien señaló que “en celebraciones en la casa de Alberto recuerdo haber visto personas relacionadas al mundo político, tales como Carolina Goic y Gonzalo Vega”.
Y es que los antecedentes darían cuenta que Vega intercedió ante el Serviu y Seremi de Vivienda de Valparaíso, para beneficiar a la fundación Procultura. Según el relato de al menos seis funcionarios de dichas reparticiones, Vega habría instruido trabajar con la ONG fundada por el psiquiatra.
LISTADO DE FUNDACIONES
Así quedó en evidencia en el testimonio de María Constanza González, encargada del Programa de Asentamientos Precarios en la región de Valparaíso, quien señaló ante la PDI, que “Gonzalo Vega presentó a Procultura” y dio “indicaciones de que esa fundación debía realizar el proyecto”.
En la misma línea, la Seremi de Vivienda de la Región de Valparaíso, Belén Paredes, aseguró que “quien envió el listado con las fundaciones que se trabajaría en la Región de Valparaíso, fue el ex Jefe de Gabinete del Minvu, Gonzalo Vega”.
En su declaración, Alberto Larraín reconoció haber tomado contacto con Vega, pero solo en el marco del desarrollo de proyectos vinculados a la fundación. “Él nos ayudó en el tema del museo de Chaitén, esto el primer año del gobierno de Piñera, donde se necesitó regularizar el terreno”, señaló el psiquiatra.
Respecto del proyecto en Valparaíso, Larraín aseguró que “se solicitó una reunión por ley del lobby, con el jefe de gabinete del Ministro Felipe Ward, don Gonzalo Vega, quien escuchó a las dirigentes que llevaban más de veinte años esperando por agua potable, a pesar de que los campamentos estaban identificados para ser radicados”.
FISCALÍA SOLICITÓ INTERCEPTAR TELÉFONO DE VEGA
En diciembre de 2023 la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, llevó adelante una serie de diligencias en el marco de la indagatoria por el caso convenios. Allanaron las oficinas del Serviu y la Seremi de Vivienda de Valparaíso, así como oficinas de imputados involucrados en el caso.
Seis meses después, funcionarios de la PDI incautaron el celular de Vega por orden del Juzgado de Garantía de Valparaíso. Y es que la exmano derecha del ministro Ward, se transformó en una figura clave en la investigación a Procultura, particularmente, en la arista de Valparaíso.
Los primeros indicios de su participación se remontan a noviembre de 2021, cuando Vega coordinó una serie de reuniones con diferentes autoridades del Minvu en la región, donde también participó Larraín y su pareja, el excore Sebastián Balbontín, quien también figura como imputado en el caso.
Para febrero de 2022, las gestiones habían dado frutos. Procultura había sido elegida como la fundación encargada de ejecutar el millonario proyecto en tres campamentos de la zona.
