«Aquí nadie se puede lavar las manos de que no supieron y que cómo es posible; aquí hay responsabilidades directas», dijo el senador socialista Juan Luis Castro respecto de la ley corta de Isapres que el gobierno habría presionado para aprobar.
Esta redundó en que la mayoría de las aseguradoras pagarán la deuda que tienen con los afiliados -que fue refrendada por la Corte Suprema- en 13 años, que es el máximo contemplado por la ley.
Eso significa un total de 156 cuotas , que en muchos casos no superan los $1.000.
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«Todos los planes de devolución fueron aprobados por la superintendencia y por el consejo consultivo propuesto por el Gobierno», acusó Castro en radio Infinita.
Aquí nadie se puede lavar las manos de que no supieron y que cómo es posible. Aquí hay responsabilidades directas», recalcó.
Recalcó que alguien debe hacerse cargo de haber autorizado esa modalidad de devolución, que presenta «un desequilibrio que perjudica a las personas. Eso es lo que tiene que ser reparado».
«Esto amerita no solo una explicación, sino que una solución», subrayó el senador.
Advirtió, que la indignación ciudadana «se puede enredar en el sentido de lo judicial. No me extrañaría», dijo.
LOS TRES VILLANOS
El senador Castro consideró que la superintendencia es la que tiene la mayor responsabilidad en este caso, pues es el «único organismo que podía darle luz verde a los planes de devolución».
En segundo lugar, responsabilizó a las Isapres, que «no tienen ánimo de hacer nada. Cuando están ellos en condición de devolver no hacen nada, cuando están en condiciones de recibir, todo es rapidito y cortito».
Y, en tercero, Castro apuntó al Gobierno, que en la etapa final de la ley corta «presionó intensamente a sus parlamentarios y buscó un acuerdo con la oposición a como diera lugar en condiciones que a mí me parecía casi de rodillas frente a las Isapres».
A su juicio, lo que ahora corresponde es que «el Gobierno intervenga y obligue a que las Isapres revisen todos sus planes de devolución. Este es el camino más doloroso y tenebroso de todo este largo proceso judicial y legislativo».
«“Yo no pido que la superintendencia haga milagros, pero sí que haga justicia», recalcó.
«No puede quedar la percepción que está quedando de que todo esto fue un gran volador de luces (…) Al final a la gente no le dan nada y toda las notificaciones que recibe son de alzas de precios. ¿Dónde están las buenas noticias para la gente en todo esto?», preguntó.
