A través de un oficio, el diputado José Miguel Castro (RN) pidió a Contraloría esclarecer eventuales irregularidades que vulnerarían la ley de lobby en la entrega de información sobre seguros complementarios de salud vigentes en la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca).
Actualmente está contratado con BCI Vida Seguros -hasta diciembre de 2026- pero, según el parlamentario, se habrían producido reuniones y traspaso de datos a la corredora de seguros FR Group, sin proceso licitatorio o solicitud formal que justificara esa acción de por medio.
De acuerdo con los antecedentes, el 8 de noviembre de 2024 el director subrogante de Dipreca, Mauricio Cárdenas, sostuvo una reunión con ejecutivos de la compañía de seguros FR Group, que no fue oportunamente registrada en la plataforma de la Ley de Lobby.
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Adicionalmente, personal de la propia Dipreca habría entregado a la misma empresa detalles sensibles acerca del seguro complementario, como el número de siniestros pagados, cobertura frente a enfermedades catastróficas e información sobre modificaciones al plan previstas para 2025.
Estos datos, que involucran a personal de Carabineros, la PDI y Gendarmería, se habrían entregado sin proceso formal que lo justificara ni resguardos sobre la confidencialidad y protección de datos personales.
HAY UN PROTOCOLO
Según el diputado Castro, todo esto vulneraría la Ley N°20.730, que regula el lobby y las gestiones particulares ante autoridades. También, las normativas que exigen realizar licitaciones públicas cuando se trata de contratar o evaluar servicios de este tipo.
En caso de abrirse un proceso licitatorio, existe un protocolo que contempla la conformación de una comisión y la participación del COSOC (Consejo de la Sociedad Civil, de participación ciudadana), lo que garantiza mayor transparencia y representación de las partes involucradas. Nada de esto, según el oficio, se habría cumplido.
“El requerimiento busca que la Contraloría General de la República analice estos hechos, determine si existe incumplimiento legal y, de ameritarlo, inicie una investigación sumaria”, sostuvo el legislador.
Añadió que “de hallarse indicios que pudieran configurar delitos, pido se remitan los antecedentes al Ministerio Público para su esclarecimiento”.
Para el diputado, “la preocupación radica en asegurar que la información asociada a las prestaciones de salud, así como cualquier decisión futura respecto al seguro complementario, se gestione con absoluta transparencia, sin poner en riesgo datos personales ni recursos públicos”.
