La defensa de la diputada Catalina Pérez apeló ante la Corte Suprema para evitar el desafuero que la semana pasada aprobó la Corte de Antofagasta, lo que permitiría su formalización por parte del Ministerio Público por presuntos delitos reiterados de fraude al fisco, en la arista Democracia Viva del caso Convenios.
El escrito de 35 páginas presentado por los abogados Gonzalo Medina y Sebastián del Pozzo no alega por el contenido de culpabilidad o no que pudiera arrojar la prueba, sino por la rectitud del proceso que redundó en una resolución unánime del tribunal de retirarle el fuero parlamentario.
Su fundamento es que se le provocó indefensión a Pérez al considerarse en el fallo cuestiones que la fiscalía no había agregado a la solicitud de desafuero.
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Según su defensa, al incorporar en los hechos pruebas sobre aspectos no contemplados en la solicitud de desafuero por la fiscalía y que el tribunal recogió en su sentencia, generó un vicio de extrapetita, es decir, se pronunció sobre hechos no contemplados en la solicitud en contra de la diputada.
Por ello solicita se invalide la sentencia que la desaforó y se la deje sin efecto por vicios en la prueba que harían imposible su defensa y romperían el principio de bilateralidad de la audiencia.
Con esto piden que, al invalidarse lo resuelto, se deje sin efecto el desafuero y, en su lugar, se ordene a la Corte de Apelaciones de Antofagasta que resuelva conforme a derecho y a los hechos de la solicitud y se rinda prueba en tal sentido dejando afuera las otras alegaciones de la fiscalía.
En todo caso, según expertos consultados por Está Pasando el tribunal de Antofagasta pueden haber aplicado un principio que se denomina de sana crítica, en donde los jueces pueden considerar circunstancias, fundamentos o hechos distintos a los alegados por las partes si tales circunstancias, fundamentos o hechos los llevan a la convicción de una sentencia, sea cual sea ella.
«IRRACIONAL»
Según La Tercera, que publicó la apelación de Pérez para evitar su desafuero, sus abogados dijeron que en su escrito “desvirtúan las acusaciones de la Fiscalía y se pone el énfasis en la incongruencia entre los hechos imputados y los antecedentes aportados para su acreditación, lo que revela la total falta de pruebas que evidenció el Ministerio Público en su solicitud”.
“No existe ningún antecedente real y efectivo en los 33 tomos de la investigación -lo que incluye conversaciones entre ellos vía WhatsApp, registros telefónicos, declaración de todos los testigos y peritajes de las cuentas corrientes de la diputada- que pruebe de modo alguno estas imputaciones”, aseguraron.
“La apelación se sustenta en que, al acoger una solicitud de desafuero sin existir evidencias directas de la imputación y desconectada de los hechos imputados, el análisis de la prueba que debe efectuar el Tribunal se vuelve completamente irracional», destacaron.
