Este lunes, la defensa de la diputada Catalina Pérez presentará su caso ante el pleno de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, buscando persuadir a los siete ministros del tribunal de que rechacen la solicitud de desafuero presentada por el Ministerio Público.
La acción fue presentada el 19 de diciembre por el fiscal Cristián Aguilar, con el objetivo de allanar el camino para formalizar a la diputada y solicitar medidas cautelares en su contra.
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Esta solicitud está vinculada al escándalo de los fondos asociados a la fundación Democracia Viva, un caso en el que la diputada está imputada y que ha dado lugar a varias investigaciones adicionales sobre posibles irregularidades en los convenios entre el Estado y fundaciones privadas.
FRAUDE AL FISCO
El Ministerio Público acusa a Pérez de tres delitos de fraude al Fisco, con un perjuicio de $426 millones. Todos los delitos se habrían cometido en conjunto con su expareja Daniel Andrade, el exseremi Carlos Contreras y la exconcejala Paz Fuica.
Según el Artículo 61 de la Constitución, «Ningún diputado o senador (…) puede ser acusado o privado de su libertad, salvo el caso de delito flagrante», lo que otorga a los miembros del Congreso un fuero que solo puede ser revocado mediante la autorización del tribunal correspondiente.
Este tribunal tiene la autoridad para decidir si el proceso judicial contra la parlamentaria continúa. Si se aprueba la solicitud de desafuero, de acuerdo con la normativa, la diputada quedaría «Suspendida de su cargo y sujeta al juez competente». Esto implicaría que la Fiscalía podría solicitar medidas cautelares en su contra.
¿QUÉ PASARÍA EN CASO DE DESAFUERO?
En caso de desafuero, la diputada no podría votar ni opinar en el hemiciclo de la Cámara, y los quórum se ajustarían para compensar su ausencia. Sin embargo, su dieta parlamentaria se mantendría intacta.
En cualquier caso, si la decisión es desfavorable para Pérez, su defensa tiene la opción de recurrir a la Corte Suprema para tratar de revertirla.
Si los ministros de la Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazan la solicitud de desafuero, considerando que no hay pruebas suficientes de los delitos imputados, la diputada podrá seguir ejerciendo su cargo sin restricciones, y el efecto procesal sería el sobreseimiento definitivo de su causa.
Esto daría lugar a un conflicto judicial que podría llegar incluso al Tribunal Constitucional (TC). Cuando las cortes de apelaciones rechazan un desafuero, la Fiscalía suele apelar ante la Corte Suprema. Sin embargo, los parlamentarios han llevado el asunto al TC mediante un recurso de inaplicabilidad, y la jurisprudencia del TC ha establecido que la norma que permite a la Fiscalía apelar el rechazo a un desafuero es inconstitucional. El TC ha fallado a favor de diputados a quienes la Fiscalía intentó desaforar, como la diputada Ericka Ñanco (FA), Jaime Mulet (regionalistas verdes) y Gloria Naveillán (independiente), entre otros.
CASO EMBLEMÁTICO
Un caso emblemático en el que un tribunal de alzada rechazó el desafuero de un parlamentario fue el del senador Manuel José Ossandón (RN), en una causa sobre presunto tráfico de influencias.
La Corte de San Miguel le dijo «no» a la Fiscalía, que apeló a la Corte Suprema, y el TC falló a favor de Ossandón, bloqueando a la Fiscalía de continuar con el caso, lo que llevó al sobreseimiento definitivo.
«Jamás ha recibido, ni menos tocado un peso de esos convenios» El abogado de la diputada, Gonzalo Medina, afirmó que «A más de un año y medio de investigación ha quedado claro que no existe ningún antecedente legalmente relevante que demuestre un tráfico de influencias, y menos un fraude al Fisco por parte de la diputada Pérez».
IMPLICACIÓN
Medina también descartó cualquier implicación de la exmilitante del Frente Amplio en la firma irregular de convenios con el Gobierno Regional de Antofagasta, junto con Andrade, Contreras y Fuica.
«El informe de la PDI revela que, al revisar sus cuentas corrientes, ‘se descarta todo traspaso de recursos’. La diputada Pérez jamás ha recibido, ni menos tocado un peso de esos convenios», concluyó Medina.
La diputada ha reiterado lo mismo. De hecho, la semana pasada, en una entrevista con La Tercera, expresó que “la Fiscalía ha logrado mezclar un conflicto político con un conflicto judicial, ganar mediante la prensa lo que no tiene fundamento judicial”. Además, añadió que el Ministerio Público “ha filtrado todo lo que tienen”, y que en esos antecedentes «No hay un solo mensaje, un solo intercambio, una sola declaración de testigo que dé cuenta de que yo cometí un delito, porque eso no ocurrió».
