Este lunes, el Juzgado de Garantía de Antofagasta resolvió imponer arresto domiciliario total como medida cautelar a la diputada Catalina Pérez (ex-FA), tras su desafuero y la acusación por tres delitos de fraude al fisco en el marco del caso «Democracia Viva».
Cabe recordar que la investigación busca determinar el rol que habría tenido la legisladora en tres convenios firmados durante 2022 entre la fundación y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, incluyendo uno por más de $400 millones que no habría cumplido con los requisitos exigidos para su implementación.
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Con esta resolución, Pérez se suma a los ya formalizados en la causa: Carlos Contreras, exseremi y antiguo jefe de gabinete de la diputada; Daniel Andrade, su expareja y representante de la organización; y Paz Fuica, exconcejala de Antofagasta y exmilitante de Revolución Democrática.
SE PEDÍA PRISIÓN PREVENTIVA
La Fiscalía de Antofagasta había solicitado la prisión preventiva como medida cautelar para la desaforada diputada Catalina Pérez, luego de formalizarla por tres delitos de fraude al fisco vinculados a los convenios adjudicados a la fundación Democracia Viva.
Según el Ministerio Público, la parlamentaria y los otros tres imputados su expareja Daniel Andrade, el exseremi de Vivienda Carlos Contreras y la exconcejala Paz Fuica habrían conformado una maquinación para acceder a recursos del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda «con fines políticos».
Fueron tres los convenios, por un total de $426 millones, que beneficiaron a la fundación dirigida por Andrade.
FISCALÍA
El persecutor aseguró que Catalina Pérez estuvo en conocimiento del contrato de arriendo falso suscrito en julio de 2022 entre Daniel Andrade, en representación de Democracia Viva, y Cecilia Millán, militante de Revolución Democrática, en la calle Ezequiel Fernández de Ñuñoa, «Para justificar un domicilio de la fundación y poder realizar el trámite de iniciación de actividades en el Servicio de Impuestos Internos».
Posteriormente, según lo expuesto por el persecutor, la imputada «Acordó con Daniel Andrade y Carlos Contreras para que estos asumieran la responsabilidad de la suscripción de los tres convenios de transferencia de fondos, lo que establecieron como una estrategia para blindar a la parlamentaria».
