El Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitó formalmente al Servicio de Impuestos Internos (SII) que se haga parte de la querella por delitos tributarios contra el diputado Joaquín Lavín León (ex UDI), a quien acusa de utilizar 30 facturas ideológicamente falsas para justificar gastos ante el Congreso, con el objetivo de saldar deudas personales de campañas políticas.
La acción judicial, presentada por el procurador fiscal Marcelo Chandía ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, apunta a una supuesta malversación de caudales públicos por un total de $22.106.660, mediante facturación sin respaldo emitida entre abril de 2018 y noviembre de 2022. De las 30 facturas cuestionadas, 29 fueron rendidas directamente ante la Cámara de Diputadas y Diputados, encubriendo pagos de carácter político-electoral.
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FACTURAS SIN RESPALDO Y TRIANGULACIÓN DE DINEROS
Según el CDE, Lavín Jr. habría liderado un esquema de desvío de recursos públicos junto a tres de sus asesores de confianza: Arnaldo Domínguez, Juan Alberto Silva y Felipe Vásquez Diéguez. Las facturas, emitidas bajo conceptos como “cuentas públicas”, “servicios de impresión” y “flyers”, habrían sido utilizadas como fachada para cubrir compromisos de su campaña a la diputación.
Uno de los casos más graves corresponde a una factura del 19 de noviembre de 2021 por $8.802.430, declarada como “servicios de campaña”, que según la investigación, nunca se realizaron y tenían por finalidad pagar trabajos publicitarios contratados con anterioridad.
A lo largo de 2022 se registró además una emisión mensual de facturas por $700.000, $500.000 o $300.000 bajo conceptos falsos, en una estrategia que el CDE califica como “reiterada y sistemática”, orientada exclusivamente a saldar compromisos electorales.
CDE EXIGE INTERVENCIÓN DEL SII POR DELITOS TRIBUTARIOS
Frente a la magnitud del fraude y la utilización reiterada de documentos tributarios falsos, el CDE emplazó directamente al SII a sumarse a la causa penal por infracción a la Ley de Impuestos. La inclusión del ente fiscalizador agravaría el escenario jurídico de Lavín Jr., dado que podría configurar delitos tributarios con penas privativas de libertad y responsabilidad solidaria de los emisores.
“Se rindieron facturas ideológicamente falsas orientadas a fines personales del diputado Joaquín Lavín mediante la sustracción o desvío de fondos estatales”, sostiene el libelo. “El modus operandi consistía en triangular con empresas prestadoras servicios inexistentes y justificar ante el Congreso gastos sin relación con las funciones propias del cargo de diputado”.
Entre las firmas utilizadas se encuentran la imprenta MMG SpA, de propiedad de Juan Silva Morales, y Modo 74 SpA, ligada a Felipe Vásquez Diéguez, quienes también figuran como querellados.
INUTILIZACIÓN DE SERVICIOS Y OCULTAMIENTO
La querella también destaca que Lavín Jr. continuó rindiendo gastos por “mantención y sanitización de página web y bases de datos” hasta por $75 millones, pese a que el sitio estaba inoperativo desde mediados de 2022. Además, se identificaron maniobras para ocultar el carácter electoral de los pagos y disimularlos como servicios institucionales.
El relato de Aída Olivares, secretaria del diputado desde 2014, confirmó que incluso en pandemia se utilizaban plataformas digitales como “SocialTazk” que ya no operaban, pero cuyos costos continuaron siendo rendidos al Congreso, sin respaldo real.
PRONTA SOLICITUD DE DESAFUERO Y PRISIÓN PREVENTIVA
El CDE ya adelantó que respaldará la solicitud de desafuero que prepara el Ministerio Público contra Lavín León, condición necesaria para poder formalizarlo por malversación de fondos públicos y solicitar la prisión preventiva. El caso quedó radicado en la Fiscalía Centro Norte y se prevé una batería de diligencias adicionales en los próximos días.
RESUMEN DE LA QUERELLA DEL CDE
- Facturas falsas detectadas: 30
- Monto involucrado: $22.106.660
- Concepto real: Deudas por campaña política
- Facturas rendidas al Congreso: 29
- Empresas involucradas: MMG SpA y Modo 74 SpA
- Solicitudes del CDE: Investigación penal, desafuero, prisión preventiva y acción del SII por delitos tributarios
El escándalo recuerda a casos emblemáticos como Penta, SQM y Corpesca, y tensiona aún más el panorama político del exUDI, quien además enfrenta cuestionamientos públicos por el caso judicial que involucra a su esposa, la exalcaldesa Cathy Barriga.
La querella presentada por el CDE contra el Diputado Lavín respalda las acciones que hemos emprendido desde el municipio. La corrupción destruye las instituciones y daña profundamente la democracia, nuestro compromiso es combatirla con la mayor severidad siempre. https://t.co/QtDIBQ3gYK
— Tomás Vodanovic (@TomasVodanovic) May 30, 2025
