En el contexto de la llamada trama bielorrusa, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella criminal contra Gonzalo Migueles, pareja de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, que representaron al Consorcio Belaz-Movitec en una disputa judicial con Codelco, y los conservadores de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, y de Chillán, Yamil Najle.
La acción judicial fue ingresada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y se dirige también a “todos quienes resulten responsables” por eventuales delitos conexos que puedan acreditarse durante la investigación del Ministerio Público en el marco de la llamada trama bielorrusa, informó el CDE a través de un comunicado.
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Según el libelo, los imputados habrían participado en una red de pagos irregulares hacia Migueles a cambio de gestiones de la exministra Vivanco a favor del Consorcio Belaz Movitec (CBM), empresa que mantenía un conflicto judicial con Codelco tras la finalización anticipada de un contrato.
Según explicó el CDE en su comunicado, en este contexto, Vivanco como integrante de la Tercera Sala de la Corte Suprema “participó de una serie de decisiones a favor del consorcio ante la presentación de diferentes recursos de protección, queja y apelación en la Excma. Corte Suprema, realizando actuaciones con infracción a los deberes de su cargo, a cambio de beneficios económicos recibidos por su pareja”.
MUÑECA BIELORRUSA
Recordemos que el caso de la trama o “Muñeca Bielorrusa” que da origen a la querella del CDE es una de las aristas del denominado “caso Audio.
Ayer la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, presentó una querella de capítulos contra la exministra Vivanco ante la Corte de Apelaciones de Santiago que busca su formalización y posibles medidas cautelares.
Según la investigación del Ministerio Público, los fallos suscritos por Vivanco en causas donde intervenía CBM obligaron a Codelco a pagar más de $17.500 millones al consorcio chileno-bielorruso.
Parte de esos recursos habrían terminado en manos de Migueles a través de transferencias canalizadas por los conservadores y abogados imputados.
