El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó ante el 9° Juzgado de Garantía de Santiago una acusación en contra de la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga, donde solicita que se le apliquen penas que, en total, suman 37 años de presidio.
Esto es catorce años más que los 23 que pidió a fines del año pasado el Ministerio Público para la exjefa comunal.
Recordemos que la investigación ya fue cerrada y la audiencia de preparación de juicio oral quedó fijada para el 2 de febrero de 2026.
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Ahí se definirán las pruebas que serán rendidas en juicio y se debatirán tanto la acusación de la Fiscalía Oriente como la presentada por el CDE y otros querellantes particulares.
El texto legal del Consejo de Defensa del Estado, firmado por el procurador fiscal Marcelo Chandía, alude a la cantidad de dinero que estuvo sin control durante la gestión de la exchica Mekano en el municipio.
Además, detalla una serie de delitos vinculados a actos de corrupción, entre ellos un fraude a gran escala, falsificación de instrumentos públicos y uso irregular de recursos municipales.
«UNA POLÍTICA SISTEMÁTICA»
Según el CDE, Barriga encabezó -junto con otros exfuncionarios municipales- una estructura administrativa diseñada para eludir los controles financieros internos, permitiendo la ejecución de gastos sin respaldo presupuestario y la manipulación sistemática de la contabilidad municipal entre los años 2016 y 2021, publicó La Tercera.
Para el Consejo de Defensa del Estado, no se trató de hechos aislados, sino que correspondió a “una política sistemática de gobernanza municipal fraudulenta, orientada a liberar artificialmente recursos para financiar programas, eventos y contrataciones sin contar con financiamiento real”.
La institución valorizó el perjuicio fiscal en $ 32.884 millones. Se produjo por ejecución del gasto, el ocultamiento de obligaciones financieras, la eliminación de deudas de la contabilidad oficial y la utilización irregular de certificados de disponibilidad presupuestaria.
Del mismo modo, la acusación del CDE añade que Barriga desplegó “una gestión edilicia fuera de los márgenes establecidos por las reglas de la administración financiera del Estado”, con gastos en actos masivos, campañas comunicacionales, programas sociales sin respaldo financiero y pagos a proveedores cuyos servicios ya estaban comprometidos. Esto, detalla generó una deuda que fue traspasada a ejercicios presupuestarios posteriores.
