El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella criminal por el delito de “falsificación documental” contra el notario Álvaro González Salinas, titular de la 42ª Notaría de Santiago.
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La acción legal fue presentada en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y está siendo sustanciada por la Fiscalía Centro Norte. De acuerdo con los antecedentes, se alega que bajo la responsabilidad de González Salinas se falsificaron cinco escrituras, mediante las cuales diversos individuos intentaron usurpar propiedades de sus legítimos propietarios, generando daños económicos millonarios y promoviendo la creación de una empresa ficticia.
LAS VÍCTIMAS
Según Interferencia, las cinco víctimas jamás acudieron a la notaría en cuestión ni firmaron cesión o venta de sus bienes. Esta afirmación ha sido corroborada por el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI), que realizó pericias caligráficas para validar la autenticidad de las firmas.
El primer caso descrito por el CDE tuvo lugar en mayo de 2021 y afectó a una residente de Ñuñoa, identificada como María. Al recibir una notificación de desalojo por orden judicial, se dirigió al Archivo Judicial, donde constató que la escritura presentada era radicalmente diferente a la original, encontrando que su firma, número de cédula y huella digital correspondían a un tercero desconocido.
Otro caso relevante es Ante, quien descubrió que su propiedad en Catemu había sido inscrita de manera ilegal utilizando un procedimiento similar. La abogada responsable del trámite resultó ser una asesora parlamentaria que actuó como abogada en esta operación.
El CDE detalla en su escrito que “se ha acreditado que el querellado Álvaro González Salinas autorizó, mediante su firma electrónica, las firmas de los supuestos comparecientes en una escritura pública de mandato judicial, siendo que -al menos- la firma de Ante fue imitativa. Esto indica que González Salinas, al menos, incumplió su deber como ministro de fe al autorizar un documento público sin verificar debidamente la presencia e identidad de los comparecientes”.
IRREGULARIDADES
A estos casos se suman tres adicionales con un patrón operativo similar. Uno de ellos afecta a Raymond, quien fue alertado por el Servicio de Impuestos Internos (SII) sobre la creación de una empresa ficticia a su nombre para perpetrar fraudes impositivos.
Otra irregularidad identificada por el Ministerio Público involucró la venta de una propiedad de gran valor, en la que participó una mujer residente en Argentina, quien no se encontraba en Chile al momento de la escritura.
La decisión del CDE de presentar esta acción judicial se fundamenta en un auto acordado emitido por la Corte de Apelaciones de Santiago en septiembre de 2000, en el que se establece la obligación de las notarías de verificar de manera exhaustiva las identidades de quienes buscan suscribir una escritura, utilizando cédulas de identidad y medidas de seguridad documental, como la huella digital.
